Las pesquisas que el gobierno de la 4T mantiene contra Ricardo Anaya son una realidad, así como la intención de liberar una orden de aprehensión en su contra; sin embargo, los elementos de la FGR son tan endebles que el autoexilio del excandidato presidencial obedece también a otras razones, relacionadas con un creciente rechazo hacia él entre quienes aspiran a abanderar el PAN de cara a 2024.

Fuentes cercanas al caso aseguran que el equipo de Alejandro Gertz Manero intenta dar forma a un expediente por el delito de cohecho contra Anaya, quien presuntamente se habría visto beneficiado con 6.8 millones de pesos de los recursos que Odebrecht entregó a Emilio Lozoya para repartir sobornos. Pero la conformación de argumentos delictivos se ha convertido en un problema para la FGR, al grado de que la consignación del expediente ante autoridades ha tenido que detenerse más de una vez, tratando de evitar otro ridículo para el Ministerio Público.

El caso Lozoya y su relación con Odebrecht es uno de los mayores dolores de cabeza para la FGR y ha motivado dos llamadas de atención desde presidencia, que ha pedido “mover al elefante” para obtener mejores resultados. En el discurso de Andrés Manuel López Obrador, Gertz Manero sigue siendo un “hombre honesto”, pero empieza a caer en la categoría de ineficaz, pues de los 70 sujetos que mencionó el exdirector de Pemex en su denuncia, sólo uno está vinculado a proceso y en la cárcel: el exsenador Jorge Luis Lavalle.

Anaya es uno de esos 70 personajes denunciados, el único de los nombres importantes que integraba la Cámara de Diputados en tiempos de la Reforma Energética, y el único de los panistas que no se identificaba con el expresidente Felipe Calderón o con su grupo político. De hecho, Anaya se mencionaba en tiempos de Enrique Peña Nieto como un alfil del PRI; incluso como una alternativa para frenar el avance de Andrés Manuel López Obrador.

Pero el alfil se radicalizó, por lo que se hizo más sencillo tender puentes con el obradorismo para buscar una transición sexenal tersa, lo que derivó en la persecución judicial por lavado de dinero contra el autonombrado candidato presidencial —Anaya presidía y controlaba entonces el PAN—, a la que se sumaron diversos panistas que fueron relegados o expulsados por el dirigente de la organización.

Aquellos elementos que desencadenaron la tormenta perfecta contra Anaya en 2018 parecen hacer su aparición: un discurso radical contra el presidente sin una posición política que le garantice blindaje, además del rechazo de una militancia blanquiazul que no tiene la intención de colocarlo en boleta.

El queretano Francisco Domínguez, el chihuahuense Javier Corral, el yucateco Mauricio Vila y el polémico Francisco Javier García Cabeza de Vaca son aspirantes a presidenciales por el blanquiazul, y aunque enfrentados con el gobierno, cuentan con alianzas en la 4T que les otorgan ventajas sobre
el exiliado.

El gobernador de Querétaro cerró una alianza y mantiene una buena relación con la excandidata morenista a gobernar Querétaro, Celia Maya; Javier Corral empujó, aunque sin éxito, la victoria de Morena en Chihuahua; Mauricio Vila es bien visto por el presidente, y hasta Cabeza de Vaca tiene contactos con Palacio Nacional. Anaya es vulnerable por todos los frentes, por lo que es momento de poner distancia esperando que se acomoden por sí solas las fichas en el tablero.

Mario Maldonado