En este gobierno “no somos iguales”, dice cada mañana en su conferencia de prensa Andrés Manuel López Obrador. Pero la forma en que la 4T pretende ahorcar a Altos Hornos de México (AHMSA), y arrebatarla de las manos de su propietario Alonso Ancira, se asemeja mucho a las formas que puso en práctica su antecesor.
La relación con el salinismo, la posible complicidad en la venta irregular de Agro Nitrogenados, y sobre todo la negativa para reintegrar al erario los 200 millones de dólares de supuesto sobreprecio que pagó Pemex para hacerse de la planta de fertilizantes chatarra, pusieron a AHMSA prácticamente en un disfrazado proceso de ‘expropiación’.
El objetivo de AMLO en este tema es más que claro: entregar el control de la acerera a Grupo Villacero, de Julio Villarreal, el mismo que en 2012 inyectó un presunto crédito de 50 millones de pesos a la campaña presidencial perredista y cuya apuesta para 2018 con Morena debió haber sido mayor.
La ruta es similar a la que se siguió en el gobierno de Enrique Peña Nieto para hacerse del control de compañías como Oceanografía y Oro Negro, que como proveedoras de Pemex operaban negocios con la entonces paraestatal que superaban, en ambos casos, mil millones de dólares.
Los montos de los contratos para servicios de renta de barcos y plataformas petroleras eran un apetitoso botín para funcionarios como Luis Videgaray y Emilio Lozoya, y por supuesto para operadores del peñanietismo como Humberto Castillejos y Alberto Bazbaz, quienes se encargaron de operar la estrategia judicial del despojo.
Se espera que antes del 18 de septiembre, y a pesar de la resistencia de Alonso Ancira, el caso de AHMSA tenga un desenlace parecido, con nuevos propietarios cercanos al presente gobierno y con un plan de rescate financiero de la compañía que incluye contratos con empresas productivas del Estado, como la Comisión Federal de Electricidad, que encabeza uno de los funcionarios más cuestionados de todos los tiempos: Manuel Bartlett.
Como en la época de Enrique Peña Nieto, en la que il consigliere de Los Pinos, Humberto Castillejos, encabezaba la estrategia de ‘expropiación’, el consejero Jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra, emerge como el contacto directo con Julio Villarreal, tal y como quedó de manifiesto en la llamada entre ambos personajes reciclada hace unos días en los medios de comunicación.
Participa también en este proyecto el desaparecido jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, encargado de ser el intermediario entre las dos empresas acereras y de asegurar que la transición no represente un todavía mayor golpe económico a Coahuila, cuyo producto interno bruto depende en un 8 por ciento de las actividades de AHMSA.
El esperado cambio de dueño, anunciado de manera recurrente en las mañaneras de Palacio, deberá superar únicamente dos impedimentos, relevantes ambos en el papel, pero manejables ante la importancia y el simbolismo que el tema ha tomado para AMLO: el tamaño de la inyección financiera que requiere AHMSA y la resistencia de un empresario que, como Alonso Ancira, se ha curtido por años en las crisis.
Posdata. Emilio Lozoya y Alonso Ancira, otrora compadres, rompieron lanzas. Contra su voluntad, el primero lo acusa de haber defraudado a Pemex, y el segundo le revira que no ha declarado todo lo que tiene que declarar en diligencias con la FGR. Ambos debieron haber olvidado las fiestas en lugares paradisiacos, las múltiples visitas del exdirector de Pemex a la torre GAN de AHMSA, en Polanco, y sobre todo aquel viaje de ensueño a la Antártida, en el barco rompehielos de decenas de millones de dólares que se regalaron para sellar su complicidad cuando se sentían dueños del mundo.
Mario Maldonado
