En este 2022 han sido asesinados más periodistas en México que en ningún otro lugar del mundo. Ni en Ucrania, con la bélica invasión rusa, han muerto tantos comunicadores como en nuestro país. Según Reporteros Sin Fronteras, llevamos cuatro años siendo la nación más riesgosa para ejercer el periodismo.
Todo esto ocurre en un contexto de altísima impunidad. Solo en uno de los trece asesinatos a periodistas ocurridos este año se ha dictado condena contra los responsables.
En el informe de la 78 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa se habló de la violencia contra los periodistas en México como “la norma”. Y es que además de los asesinatos, están las agresiones y amenazas desde distintos frentes. Artículo 19 logró documentar más de 300 casos de violencia en contra de comunicadores y confirmó que el Estado está detrás de buena parte de ellos.
El condenable atentado en contra de Ciro Gómez Leyva ha puesto el tema en el centro de la discusión. El jueves pasado lo atacaron a balazos a unos metros de su casa. Se salvó gracias a que conducía una camioneta blindada. El secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, informó que se trató de un ataque directo. Lo siguieron desde que salió de su programa nocturno con la intención de dispararle.
Las autoridades se comprometieron a esclarecer el caso y a dar con los responsables. La Fiscal General de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, aseguró que el caso se va a resolver y desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana se informó que hay avances en la investigación. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, destacó que le brindaron ya protección especial. Por su parte, el presidente López Obrador lamentó el hecho, se solidarizó con Ciro y le ofreció su apoyo.
Sin embargo, la reacción del gobierno debería ir más allá. Ante esta realidad de violencia creciente en contra del periodismo, tendrían que detenerse los ataques verbales, los señalamientos y la intimidación a medios y periodistas desde el poder.
El hecho de que en la conferencia mañanera exista la sección llamada “¿quién es quién en las mentiras?” dedicada a amedrentar a la prensa crítica es inaceptable en un país con una crisis de inseguridad como la nuestra.
Alimentar la hostilidad es peligroso porque la violencia suele escalar. El ataque que nace verbal puede convertirse en agresión física. Por eso es urgente que el gobierno detenga el acoso contra la prensa. La libertad de expresión debe protegerse desde todos los frentes.
Paola Rojas
