La falta de acceso a internet y tecnología afecta principalmente a estudiantes de zonas marginadas, profundizando desigualdades educativas que ya existían. Para cerrar esta brecha digital se requieren no solo dispositivos, sino infraestructura y capacitación integral para toda la comunidad educativa.
En un mundo cada vez más conectado y globalizado, el acceso a la tecnología y a internet se ha convertido en un requisito más que una herramienta para el desarrollo educativo.
La brecha digital, la desigualdad que tienen ciertos sectores al acceso y uso de tecnologías digitales, muestra de cómo las desigualdades sociales a quienes viven en zonas marginadas, rurales o con bajos recursos.

La brecha digital no solo implica la ausencia de dispositivos electrónicos o el acceso a internet, sino también habla de la falta de habilidades digitales y de infraestructura adecuada.
La pandemia de COVID-19, evidenció la enorme brecha digital que existe entre diversos sectores y generaciones. Cuando la educación presencial se transformó en virtual, estas diferencias se hicieron más evidentes.
Estudiantes o docente sin internet o con equipos viejos, enfrentaron grandes obstáculos para continuar sus estudios, por lo que mucho tuvieron que abandonarlos.
Las comunidades rurales, las zonas indígenas y los hogares con bajos ingresos son los más afectados. Pero la exclusión va más allá: la falta de capacitación para el uso de herramientas digitales también impacta a docentes, padres y ciertas generaciones.
Durante este periodo muchos docentes renunciaron por no tener claro cómo impartir clases en modalidad virtual.

La educación es una herramienta clave para la movilidad social, y cuando no todos tienen las mismas oportunidades de acceso, la brecha socioeconómica se amplía.
Además, la falta de acceso limita el desarrollo de habilidades digitales y genera dificultades para incorporarse al mercado laboral actual, que demanda cada vez más competencias en el campo digital.
Gobiernos, organizaciones sociales y empresas han impulsado diversas iniciativas, que van desde programas donde se entregan tabletas o laptops, capacitaciones digitales y la implementación de plataformas educativas gratuitas.

Sin embargo, estos esfuerzos son en vano, debido a la falta de infraestructura básica; si una comunidad no cuenta ni con un servicio eléctrico estable, el acceso a internet y el uso de herramientas digitales queda completamente fuera de sus posibilidades.
Mientras no se garantice acceso equitativo a las tecnologías y se fortalezcan las capacidades digitales, una parte importante de la población se seguirá quedando atrás. La educación digital debe ser un derecho, no un privilegio.

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