La Unión Europea (UE) dio ayer a Grecia un plazo de tres meses para corregir las deficiencias en la gestión de sus fronteras externas, y amenazó con prolongar hasta por dos años los controles internos, si el país no sigue los consejos formulados.

La decisión fue adoptada ayer por los ministros de Finanzas de los 28 Estados miembros de la UE, reunidos en Bruselas, con el voto contra Grecia y la abstención de Bulgaria y Chipre.
El ministro de Finanzas de Grecia, Euclide Tsakalotos, defendió la actuación de su gobierno en la crisis de refugiados y recordó el “costo económico y social” que ha generado para el país, ya sumido en una grave crisis.
Los 28 Estados miembros de la UE respaldaron una evaluación efectuada por la Comisión Europea (CE) en noviembre pasado, en la que se concluye que Atenas necesita mejorar la vigilancia costera y los procedimientos de control de documentos y registro de inmigrantes, así como las infraestructuras de acogida en las islas del mar Egeo.
El Consejo Europeo reconoció que el influjo de inmigrantes hacia la UE “no tiene precedentes” y que Grecia ha sido “particularmente afectada” debido a su situación geográfica y a un cambio en la rutas de la migración clandestina.
“El elevado número de llegadas es tal que los controles de las fronteras externas de cualquier país habrían enfrentado una severa presión”, admiten los gobiernos de la UE.
Aunque reconocen que el gobierno heleno ha “tomado una serie de medidas”, afirman que “hace falta más esfuerzos” para salvar al espacio de libre circulación de Schengen de los “serios riesgos” que enfrenta su funcionamiento.
“Las dificultades enfrentadas por Grecia tienen un impacto en el conjunto de la UE y tienen que ser solucionadas de manera colectiva”, sostienen.