A tres años de la despenalización del aborto, Hidalgo sigue presentando denuncias
Activistas del estado expresan preocupación por el acceso al procedimiento en hospitales públicos y la falta de recursos necesarios
A tres años de su despenalización, durante el periodo de enero a agosto de este año, se iniciaron nueve carpetas de investigación por el delito de aborto, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Esta cifra refleja las tensiones que aún persisten en torno al acceso y la regulación de este procedimiento en el estado.
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Los municipios donde se registraron estas carpetas de investigación en los primeros ocho meses del año son Acaxochitlán y Huejutla, con dos cada uno; mientras que Huasca de Ocampo, Huichapan, San Agustín Metzquititlán, Pisaflores y Tulancingo registraron uno cada uno.
Esta dispersión geográfica pone de manifiesto la necesidad de atención en varias localidades, donde las mujeres aún enfrentan barreras para acceder a servicios de salud adecuados.
¿El aborto sigue siendo delito en Hidalgo?
De acuerdo con la legislación estatal, el aborto está permitido hasta las 12 semanas de gestación. Esto significa que las mujeres pueden acceder a un procedimiento legal para interrumpir el embarazo durante este periodo.
Sin embargo, el Código Penal de Hidalgo establece que el aborto realizado después de la decimosegunda semana es considerado un delito, con penas que van de seis meses a un año de prisión y multas de 10 a 40 días.
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La despenalización del aborto en Hidalgo fue aprobada por la LXIV Legislatura local en junio de 2021. Sin embargo, a pesar de los avances legislativos, el acceso efectivo a servicios de salud sigue siendo un desafío.
El 30 de septiembre pasado, durante el denominado Foro Feminista, organizado por la Secretaría de Gobierno de Hidalgo, activistas por los derechos de las mujeres expresaron sus inquietudes respecto al acceso al aborto en hospitales del sector público estatal. Entre las preocupaciones evidenciadas, se encontró la falta de medicamentos para el proceso de aborto y la escasez de personal médico capacitado.
Daniela Téllez del Valle, titular de la asociación civil Di Ramona, destacó que algunos hospitales que han reportado falta de fármacos para llevar a cabo el aborto pueden ser los de Tula, Huichapan y Huejutla. Esta situación pone de relieve la necesidad urgente de mejorar la infraestructura y los recursos en el sistema de salud para garantizar el acceso seguro y legal a este servicio.
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