A raíz del rechazo a la ley de protección a periodistas, la ombudsperson consideró que Derechos Humanos de Hidalgo “no es parte del chantaje”

Ana Karen Parra, presidenta de la CDHEH, durante una rueda de prensa | Foto: Juan Martínez
Después de que periodistas y activistas rechazaron la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y de Salvaguarda de los Derechos para el Ejercicio del Periodismo en Hidalgo, pese a que no se ha aprobado, debido a que no fueron consultados, además de que afirmaron que no confían en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), Ana Karen Parra Bonilla dijo que “cada opinión es válida y respetable”.
La presidenta del organismo señaló que la CDHEH “no es parte del chantaje” y que “no participa en la manipulación de los actos”; asimismo, destacó que no son todas las personas las que tienen dicha percepción.
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“Desagraciadamente, la Comisión de Derechos Humanos anteriormente era manipulada. La comisión no es manipulable”, sostuvo Ana Karen Parra.
Asimismo, dijo que si la CDHEH no forma parte del Consejo Consultivo, mismo que, según la iniciativa, podría conformarse con representantes de las secretarías de Gobierno y de Seguridad Pública, la Coordinación General de Comunicación Social del Ejecutivo estatal, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), el Congreso local, el Poder Judicial y el mismo organismo, “no pasa nada”.
“Esto nos da la oportunidad de investigar de manera más profunda”, sostuvo Ana Karen Parra en conferencia de prensa.
La ombudsperson agregó que, antes de que fuera nombrada presidenta de la CDHEH, participó en foros sobre dicha iniciativa y consideró que había “grandes áreas de oportunidad”.

Lo anterior surgió después que la CDHEH emitiera una recomendación a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) por los hechos ocurridos el 19 de septiembre, cuando estudiantes que protestaban en el edificio central fueron agredidos por el personal de la casa de estudios.
Allí, a través del documento R-VG-00012-24, se determinó que la institución violó el derecho a la libertad de expresión, por lo que el rector Octavio Castillo Acosta deberá pedir disculpas públicas; tendrá hasta el 2 de septiembre para responder a la amonestación.
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