Miguel Tello reiteró su disposición a aclarar cualquier señalamiento vinculado al programa Vivienda para el Bienestar ante autoridades competentes

Miguel Tello aseguró que no tiene relación con la empresa Dazna, luego de que se le intentara vincular con decisiones del programa Vivienda para el Bienestar
La reciente adjudicación de un contrato por 1,152 millones de pesos por parte del Infonavit a la empresa Dazna, para la construcción de 1,920 viviendas en Tepeji del Río, colocó nuevamente en el centro del debate al programa federal Vivienda para el Bienestar, así como a posibles vínculos familiares con funcionarios públicos en Hidalgo.
La empresa Dazna tiene como representante legal a Carlos Eduardo Luna Mora, socio de Miguel Ángel Tello Ludlow, padre del actual titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva del Gobierno de Hidalgo, Miguel Ángel Tello Vargas. Tras la difusión de estos señalamientos, el funcionario estatal emitió un posicionamiento público para deslindarse de cualquier conflicto de interés.
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En una publicación en redes sociales, Miguel Tello Vargas afirmó que no tiene relación alguna con la empresa Dazna, precisando que no es socio, accionista ni participa en sus operaciones. También aseguró que ningún integrante de su familia tiene participación en dicha compañía y sostuvo que las actividades empresariales de su padre son ajenas a su función pública.
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El funcionario señaló que los intentos de vincularlo con la empresa forman parte de señalamientos sin sustento, y reiteró que su actuar dentro del gobierno estatal se rige por principios de legalidad y transparencia.
El contrato otorgado a Dazna se realizó en el marco del programa Vivienda para el Bienestar, impulsado por el Gobierno Federal. Este esquema ya había sido objeto de polémica en diciembre pasado, cuando se reveló que otra empresa beneficiada, Agicresa S.A. de C.V., pertenecía al hermano del diputado federal de Morena, Ricardo Crespo Arroyo.

Tras ese escándalo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se comprometió públicamente a revisar los contratos y suspenderlos en caso de detectarse conflictos de interés. Con la nueva adjudicación, el programa vuelve a ser objeto de escrutinio público.
Miguel Tello Vargas negó tener injerencia en las decisiones del Infonavit, subrayando que los procesos de selección, adjudicación y contratación dentro de Vivienda para el Bienestar corresponden exclusivamente al instituto y a las instancias federales competentes.
Explicó que el titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva no forma parte de comités de contratación ni tiene facultades para designar proveedores o constructores, ya que su función se limita a la coordinación interinstitucional entre los niveles de gobierno.
El funcionario reiteró que está dispuesto a aclarar cualquier señalamiento ante las autoridades correspondientes y proporcionar la información documental que sea requerida. Asimismo, señaló que su trayectoria es pública y que, como servidor público, se mantiene sujeto al escrutinio ciudadano.
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