La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo y la Secretaría de Contraloría firmaron un convenio para compartir información y reforzar la vigilancia sobre recursos públicos

La ASEH y la Secretaría de Contraloría firmaron un convenio para reforzar la fiscalización en Hidalgo | Foto: Criterio
La vigilancia sobre contratos públicos, constructoras, proveedores y manejo de recursos en Hidalgo busca endurecerse, ya que constantemente aparecen observaciones por obras, compras y ejercicios presupuestales en municipios.
Por esto, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) y la Secretaría de Contraloría anunciaron una alianza para compartir información y cerrar espacios a posibles irregularidades.
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El convenio fue firmado por el auditor superior Jorge Valverde Islas y el secretario de Contraloría, Álvaro Bardales Ramírez, quienes plantearon la necesidad de fortalecer la supervisión sobre el dinero público tanto en dependencias estatales como en alcaldías.
Aunque fue presentado oficialmente como un mecanismo de coordinación institucional, el acuerdo tiene como fondo uno de los temas más relevantes para los gobiernos municipales y estatales, como son las observaciones por contratos, obra pública y adquisiciones.
Uno de los puntos centrales del convenio entre la ASEH y la Contraloría de Hidalgo es el intercambio de información para detectar posibles anomalías en la contratación de bienes y servicios, así como en la ejecución de obras públicas, particularmente en municipios, donde históricamente suelen concentrarse observaciones financieras y administrativas.
Además, ambas instancias buscarán reforzar la revisión sobre proveedores y contratistas, así como evitar duplicidades en auditorías y procesos de verificación.
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Durante el anuncio, Valverde Islas sostuvo que la coordinación entre instituciones permitirá cerrar espacios a la opacidad y vigilar con mayor precisión el ejercicio del recurso público, mientras que Bardales Ramírez aseguró que el objetivo también será prevenir y, en su caso, sancionar conductas irregulares dentro de la administración pública.
El acuerdo también contempla capacitación, profesionalización y uso de herramientas tecnológicas para fortalecer la fiscalización.
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