¿Cuántas denuncias por aborto se presentaron en Hidalgo de enero a julio de 2025?
Las carpetas de investigación se han iniciado a pesar de que el procedimiento se legalizó en la entidad
En 2021, se aprobó la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación | Foto: Archivo
De enero a julio del presente año, en Hidalgo se contabilizaron seis carpetas de investigación por aborto, de acuerdo con datos oficiales; esto, a pesar de la despenalización en la entidad.
Aunque en 2021 se aprobó la interrupción legal del embarazo (ILE) en la entidad, la ley establece que este derecho aplica únicamente hasta las 12 semanas de gestación, por lo que otros casos aún son objeto de investigación, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
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Sin embargo, las denuncias por aborto presentadas en el periodo mencionado corresponden a procedimientos realizados antes del periodo límite legal.
Enero fue el mes con más incidencia, con dos querellas, mientras que febrero, mayo, junio y julio solo registraron una carpeta de investigación. En marzo y abril no se presentaron denuncias por aborto.
El Código Penal de Hidalgo establece penas de seis meses a un año de prisión, además de multas que van de 10 a 40 días de salario mínimo, para quienes interrumpan un embarazo después del tiempo permitido.
En situaciones como aborto forzado, las sanciones son de tres a siete años de cárcel y multas de hasta 150 días de salario; si además se ejerce violencia física contra la mujer, las penas van de cuatro a nueve años de prisión.
Asimismo, cuando intervienen médicos o personal de salud, pueden ser suspendidos en el ejercicio de su profesión por el tiempo que dure la condena.
Denuncias por aborto las realiza personal de salud, advierte activista
De acuerdo con Ninde Moire, activista de la plataforma Abortistas MX, gran parte de las carpetas de investigación iniciadas por aborto son ingresadas por parte de personal de salud ante el Ministerio Público, lo cual incurre en una falta al respeto del secreto profesional.
La activista mencionó, que en muchos casos, dichos procedimientos no son iniciados directamente por el personal médico o de enfermería, sino incluso por parte de trabajadores sociales o de psicología, quienes inician las indagatorias hacia las mujeres “en un momento de vulnerabilidad”, lo cual genera un proceso de criminalización, e incluso, han detectado casos en los que existe presión por parte de dicho personal para el avance de las carpetas.
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