Exalcalde de San Salvador busca protección federal ante posible orden de aprehensión
En medio de las acusaciones de la actual administración municipal, Armando Azpeitia Díaz busca protección federal con un amparo que impide, por ahora, su detención
El exalcalde de San Salvador, Armando Azpeitia, solicita amparo ante las acusaciones por irregularidades financieras | Foto: Especial
El exalcalde de San Salvador, Armando Azpeitia Díaz, acudió a la justicia federal para solicitar un amparo, con el que busca evitar una posible detención, en medio de los señalamientos que han surgido tras el cambio de administración municipal.
El recurso fue admitido en el Juzgado Segundo de Distrito, con sede en Pachuca, donde se le otorgó una suspensión provisional que, por el momento, impide que sea privado de la libertad.
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La solicitud fue presentada a finales de marzo, luego de que el actual alcalde, Norberto Martínez Cruz, denunciara públicamente supuestas anomalías millonarias heredadas por la administración de Armando Azpeitia.
Ante esa situación, el exedil aseguró que no sería extraño el surgimiento de procesos penales en su contra, o incluso una orden de aprehensión.
Sin embargo, este tipo de mecanismos también suele utilizarse de forma preventiva para conocer si hay investigaciones abiertas, sin que ello confirme necesariamente que exista una acusación formal.
Será en los próximos días, específicamente el 12 de mayo, cuando el órgano jurisdiccional determine si mantiene o no la medida cautelar, lo que definirá si Azpeitia Díaz continúa bajo la protección federal.
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Las acusaciones contra Armando Azpeitia
Este movimiento ocurre en un contexto de confrontación política en San Salvador, Hidalgo, donde el actual alcalde ha señalado presuntas irregularidades en la administración anterior por adeudos y compromisos financieros.
El exalcalde ha rechazado dichas acusaciones y aseguró que las deudas señaladas no se generaron durante su gestión.
Incluso, en entrevista pasada con Criterio Hidalgo, aseveró que parte de la inconformidad social registrada en el municipio responde a decisiones recientes del gobierno en funciones, especialmente en lo relacionado con la distribución de recursos entre comunidades.
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