La reforma electoral en Hidalgo busca reducir el número de regidores para optimizar el gasto municipal

El recorte de regidores en Hidalgo permitiría redirigir recursos a obra pública y servicios básicos
La reforma electoral en Hidalgo impulsada por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) no solo impactaría la integración de los ayuntamientos, sino también la forma en que los municipios ejercen su presupuesto, particularmente en el gasto municipal en nómina.
Así lo detalló la diputada federal por Hidalgo, Tatiana Ángeles Moreno, quien señaló que el objetivo central es reducir estructuras municipales consideradas costosas e ineficientes, especialmente en cabildos con un número elevado de regidores en Hidalgo.
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“Hay una erogación importante para el sostenimiento de las asambleas que no se traduce en resultados hacia la población”, afirmó.
En la entidad, el impacto se concentraría en municipios con mayor población, donde actualmente se rebasa el número de 15 regidores que plantea la reforma.
Más allá del número de cargos, la legisladora morenista puso énfasis en el impacto financiero, al señalar que gran parte del presupuesto municipal en Hidalgo se destina a nómina, viáticos y gastos operativos ligados a los cabildos.

En ese sentido, explicó que la lógica de la reforma electoral es liberar recursos que actualmente se consumen en estructura política para reorientarlos a obra pública, servicios básicos y desarrollo social.
Incluso, advirtió que en muchos municipios el gasto en nómina puede absorber hasta el 70 por ciento del presupuesto municipal, lo que limita la capacidad de inversión en necesidades prioritarias.
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Además, la diputada federal adelantó que los recursos que se generen por estos recortes no desaparecerán, sino que se integrarán a diversos fondos.
La legisladora reconoció que existe incertidumbre entre autoridades municipales ante estos cambios, sobre todo por el posible reordenamiento del gasto y la reducción de espacios dentro de los cabildos.
No obstante, aseguró que la intención es modificar prácticas arraigadas en los ayuntamientos, donde —dijo— persisten privilegios y gastos que no abonan al desarrollo local.
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