Respalda el CCEH la depuración del padrón de proveedores del gobierno de Hidalgo
La revisión se centrará en detectar firmas que solo obtuvieron su registro para licitaciones específicas, señala
González Corona señaló que es fundamental distinguir entre las empresas locales y aquellas que llegaron para cumplir contratos temporales | Foto: Lizania Zavala
El Consejo Coordinador Empresarial de Hidal-go (CCEH) calificó como una medida necesaria la depuración del padrón de proveedores que anunció recientemente la Secretaría de Contraloría estatal.
Jorge González Corona, presidente del organismo empresarial, explicó que el trabajo conjunto busca identificar cuáles de las compañías registradas existen físicamente y mantienen operaciones reales.
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El líder del sector privado destacó que históricamente se han conservado registros que no aportan valor informativo ni facilitan la generación de negocios en la entidad.
La revisión se centrará en detectar empresas que solo obtuvieron su registro para licitaciones específicas hace años y que no han vuelto a tener actividad comercial con el gobierno.
González Corona señaló que es fundamental distinguir entre las empresas locales y aquellas que llegaron de otros estados para cumplir contratos temporales y luego desaparecieron.
Evaluarán cumplimiento de los contratistas y la calidad de trabajos
Además de la inactividad, la depuración servirá para evaluar el historial de cumplimiento de los contratistas, ya que no todos los que llegan al estado realizan trabajos de calidad.
Aunque el Consejo Coordinador Empresarial aún no cuenta con la cifra exacta de empresas que serán dadas de baja, el organismo se integrará al análisis cuando la autoridad lo solicite.
Para el sector empresarial, un padrón saturado de datos obsoletos se vuelve ineficiente, similar a una bolsa de trabajo que no se actualiza y deja de ser útil para quienes buscan oportunidades reales.
Con esta limpieza administrativa se pretende eliminar el registro de proveedores que solo engordan las listas oficiales sin ofrecer una capacidad de respuesta real para la proveeduría estatal.
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