Diputadas locales impulsan una iniciativa para garantizar la seguridad de mujeres y niñas en espacios abiertos y transporte público

El Congreso de Hidalgo discutió una reforma que endurece las penas contra quienes agreden o acosan sexualmente
Diputadas del Congreso de Hidalgo presentaron una iniciativa para tipificar el delito de acoso sexual y diferenciarlo del hostigamiento, con el fin de aumentar las penas y castigar a quien cometa dicha acción con sanciones de hasta dos años de prisión.
De acuerdo con lo expuesto, ocho de cada diez mujeres se sienten inseguras en el transporte público, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
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Además, durante los primeros seis meses del año, se estima que 15.9 por ciento de las personas de 18 años y más, residentes en áreas urbanas, fueron víctimas de al menos un tipo de acoso o violencia sexual en espacios públicos, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).
Por esta razón, se propone modificar el Código Penal del Estado de Hidalgo para sancionar a quien cometa acoso sexual con una pena de tres meses a dos años de prisión y una multa de 40 a 80 días.

Asimismo, la sanción se duplicará si la víctima es menor de edad, presenta alguna discapacidad o si el acto es cometido por un servidor público, en transporte público o en espacios abiertos.
Por otra parte, también se propone aumentar las penas por hostigamiento sexual, con sanciones de uno a tres años de prisión y una multa de 100 a 300 días.
Finalmente, durante la sesión de este viernes, los diputados también aprobaron otorgar la presea “Pedro María Anaya”, en su edición 2025, a José Vergara Vergara.
Una encuesta reciente realizada por Criterio Hidalgo en redes sociales reveló que la mayoría de las personas en el estado no se siente segura al momento de denunciar casos de acoso callejero. Según la consulta, una abrumadora mayoría de los participantes (75%) afirmó: “No, nunca me he sentido cómoda denunciando, ya que no confío en que las autoridades actúen”.
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Solo el 25% de los encuestados manifestó una confianza parcial, indicando: “Sí, pero siento que no siempre se le da la importancia que merece”. Mientras tanto, la confianza total en que las autoridades tomarían acciones adecuadas ante una denuncia de acoso fue inexistente, registrando un 0% de respuestas positivas.
Estos datos reflejan una percepción generalizada de desconfianza hacia las autoridades, especialmente en temas relacionados con la atención a víctimas de acoso o violencia de género.
El tema ha cobrado relevancia en los últimos días, luego de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fuera víctima de acoso durante un evento público en Oaxaca. En videos difundidos en redes sociales, se observó a un hombre que intentó acercarse a ella de manera inapropiada mientras saludaba a simpatizantes, lo que provocó una reacción inmediata de su equipo de seguridad.
El incidente generó un amplio debate en torno a la normalización del acoso hacia las mujeres, incluso en espacios públicos y políticos, así como sobre la efectividad de las medidas de prevención y protección en distintos niveles de gobierno.
Diversos colectivos feministas en Hidalgo y otras entidades han señalado que el hecho visibiliza una realidad cotidiana: el miedo y la desconfianza que muchas mujeres sienten al denunciar agresiones o acoso, tanto por la revictimización como por la falta de seguimiento de las denuncias.
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