Vecinos de Jade Residencial reportan suministro irregular de agua y recibos de hasta mil pesos

Habitantes del fraccionamiento Jade Residencial, ubicado sobre el bulevar Ramón G. Bonfil, a un costado de los edificios de Altea, denunciaron una escasez persistente de agua potable que se arrastra desde el año 2022, situación que aseguran no ha sido resuelta pese a los reportes continuos realizados ante la CAASIM.

De acuerdo con los vecinos, los reportes por falta de suministro de agua se realizan de manera semanal, tanto de forma individual como a través de la administración del fraccionamiento. Sin embargo, cuando acuden a las oficinas del organismo operador, el personal les informa que no existen registros de dichas quejas, a pesar de que los colonos afirman contar con oficios y documentación que comprueban los avisos formales presentados.

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Los residentes señalaron que, en algunas ocasiones, personal de la CAASIM acude al sitio para abrir la válvula de suministro; no obstante, el servicio solo se restablece por algunas horas y sin la presión suficiente, lo que impide que el agua llegue a la mayoría de las viviendas. Actualmente, el suministro se registra, en el mejor de los casos, una vez al mes.

Otra de las situaciones que mencionaron los habitantes es que fraccionamientos vecinos como Altea, Arauco, Rincón de la Plata y la zona Plateada cuentan con servicio regular, aun cuando, según indican, se abastecen desde la misma caja de válvulas que Jade Residencial.

Ante la falta de agua potable, cerca de 78 familias se han visto obligadas a comprar pipas de agua de manera recurrente, algunas incluso cada semana, con un costo aproximado de mil 250 pesos, lo que consideran económicamente insostenible. Estos gastos mensuales se suman a los recibos de agua que continúan llegando puntualmente, con montos que oscilan entre 600 y mil pesos, pese a no contar con el servicio de manera regular.

Además, los vecinos reportaron que en varias ocasiones los medidores de agua registran consumo aun cuando por la red únicamente circula aire, lo que atribuyen a posibles obstrucciones en el macromedidor provocadas por sedimentos, una situación que, aseguran, no ha sido atendida de fondo por el organismo operador.

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