Adiós al abuso: buscan cárcel para quien toque la Pensión Bienestar
El PVEM presentó una iniciativa para castigar a familiares que usen sin permiso la Pensión Bienestar de adultos mayores, una práctica denunciada de forma recurrente
La propuesta plantea penas de cuatro a ocho años de prisión por abuso económico contra personas de la tercera edad
Los adultos mayores que reciben la Pensión Bienestar podrían contar pronto con una mayor protección legal frente al abuso económico por parte de familiares. El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentó una iniciativa que plantea penas de cárcel para quienes hagan uso indebido del dinero destinado a las personas de la tercera edad, sin su consentimiento.
La propuesta surge ante las denuncias recurrentes de hijos, nietos u otros familiares que retiran, gastan o administran de manera indebida los recursos de la Pensión Bienestar, dejando a los beneficiarios sin dinero para cubrir alimentación, medicamentos o atención médica, necesidades básicas en esta etapa de la vida.
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La iniciativa fue presentada por la diputada Azucena Huerta Romero, integrante del Grupo Parlamentario del PVEM, y fue turnada a las comisiones de Justicia y de Atención a Grupos Vulnerables en el Congreso.
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Explotación financiera de adultos mayores
El proyecto plantea modificar el Código Penal Federal y la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, con el objetivo de tipificar el abuso económico como un delito específico. Para ello, se propone la creación del Capítulo III Quater, denominado “Explotación Financiera de Adultos Mayores”, que incluiría el artículo 390 Ter.
De acuerdo con la iniciativa, estas conductas constituyen una forma de violencia patrimonial, ya que vulneran directamente los derechos humanos de uno de los sectores más protegidos por la legislación social en México.
Hasta ocho años de prisión y multas económicas
Castigos para familiares que usen el dinero sin permiso
La propuesta contempla penas de cuatro a ocho años de prisión para los familiares que utilicen los recursos de la Pensión Bienestar sin el consentimiento del beneficiario. Además, se plantean multas económicas que irían de 200 a 500 días, así como la reparación del daño a la persona afectada.
Las sanciones podrían incrementarse hasta en un 50 por ciento cuando el adulto mayor tenga alguna discapacidad, limitación cognitiva o condición que le impida comprender plenamente los hechos o defenderse del abuso.
Un problema frecuente y poco denunciado
Según datos citados en la iniciativa, al menos tres de cada diez personas adultas mayores han sufrido algún tipo de maltrato, siendo la violencia económica una de las más comunes. Entre las prácticas más frecuentes se encuentran la retención de tarjetas bancarias, el uso no autorizado de la pensión, fraudes digitales y presiones emocionales para obtener el dinero.
El documento subraya que, en muchos casos, las víctimas dependen física, emocional y económicamente de sus agresores, quienes suelen ser también sus cuidadores, lo que dificulta que presenten una denuncia formal.
Por ello, la iniciativa propone que este delito se persiga de oficio, sin que sea necesario que el adulto mayor acuda personalmente ante el Ministerio Público, eliminando una barrera clave para el acceso a la justicia.
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