El INAI ordenó al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) dar a conocer cómo gasta los recursos que obtiene de las cuotas que le cobra a sus agremiados.

A propuesta del comisionado Óscar Guerra, el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) determinó por unanimidad que, si bien dichos recursos no son públicos, el SNTE debe proporcionar una versión mínima de cuánto y en qué gastó sus recursos sindicales de 2013 a la fecha.

Guerra expuso que el SNTE rechazó responder una petición de información que le demandaba a su área de finanzas transparentar las erogaciones realizadas con recursos del Sindicato en ese periodo, detallando concepto de pago, monto, partida presupuestaria a la que se destinó, beneficiario y el número de contrato.

También se le demandó dar a conocer los pagos a proveedores y adquisiciones. No obstante, en su respuesta el SNTE dijo que la Ley General de Transparencia sólo obliga a los sindicatos a rendir cuentas por el uso de recursos públicos, y que en este caso se trata de recursos privados del gremio.

“La información solicitada no reviste el carácter de información pública en virtud de que no se encuentra relacionada con la recepción ni ejercicio de recursos públicos”, respondió el sindicato del magisterio.

“Pues los pagos realizados por este sindicato se realizan con recursos propios de la institución sindical, razón por la cual no se actualizan los supuestos de obligatoriedad de entregar dicha información”, alegó el sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

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Omisiones

Guerra propuso revocar respuesta del SNTE debido a que, dijo, se detectó que el gremio no sólo rechazó abrir sus cuotas sindicales sino que además omitió informar sobre el uso de recursos públicos que, de hecho, le otorgó el gobierno federal en 2013 para la difusión de la reforma educativa.

“Si dichos informes (que deberá entregar el SNTE) contienen registros de ingresos y erogaciones que hayan hecho con recursos relacionados con cuotas sindicales u otros propios del Sindicato o autogenerados, el sujeto obligado deberá realizar versiones públicas.

Testar “las partes clasificadas de estos recursos, indicando que su contenido no es información pública y motivando la clasificación”, demandó el comisionado y afirmó que este caso es relevante porque los sindicatos son nuevos sujetos obligados a rendir cuentas.