Durante el segundo debate presidencial, llevado a cabo este domingo en los Estudios Churubusco, en Ciudad de México, entre las acusaciones la candidata de Sigamos haciendo historia, Claudia Sheinbaum Pardo, aseveró que está prohibido que los servidores públicos hagan contrataciones mientras se encuentran en ejercicio, sobre todo si tienen empresas vinculadas a ellos.

Esto, luego de señalar que Xóchitl Gálvez Ruiz, de Fuerza y Corazón por México, a quien se refirió como “la candidata del PRIAN”, obtuvo 17 contratos millonarios cuando fue titular de la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas (CNPI) con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

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Asimismo, señaló que ello está prohibido por la ley. ¿Pero qué dice la legislación en la materia?

De acuerdo con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en su artículo 26 bis, inciso h, los servidores públicos deben “presentar manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de que se abstendrá de participar en contrataciones en las que pudiese existir conflicto de intereses, ya sea porque los licitantes o los servidores públicos que intervienen en las mismas tienen vinculación académica, de negocios o familiar”.

Asimismo, señala que se tendrá que “precisar que será requisito el que los licitantes presenten una declaración de integridad, en la que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas” que alteren las propuestas de las proposiciones.

En ese sentido, parte de lo que dijo Claudia Sheinbaum sobre la prohibición de la participación es real, aunque, como tal, la ley no lo señala como prohibido.