El extitular de la extinta Secretaría de Seguridad Pública y su esposa deberán dar una suma cuantiosa al Estado mexicano tras una demanda civil impulsada por el gobierno federal

Genaro García Luna actualmente cumple una sentencia de 39 años por proteger al Cártel de Sinaloa | Foto: Alfredo Estrella / AFP
Una corte de Estados Unidos condenó al extitular de la extinta Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna, y a su esposa a pagar 2 mil 400 millones de dólares al Estado mexicano por un caso de corrupción, informó este jueves el gobierno federal.
Se trata de la segunda condena contra el funcionario en ese país, luego de que en octubre pasado fuera sentenciado a 39 años de cárcel por proteger al Cártel de Sinaloa a cambio de millones de dólares en sobornos, tras un juicio en el que testificaron antiguos miembros del grupo criminal.
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Como titular de la SSP, Genaro García Luna era el responsable de la lucha antidrogas durante el gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012).
El nuevo fallo corresponde a una demanda civil que presentó México en septiembre de 2021 contra Genaro García Luna y su esposa Linda Cristina Pereyra, a quienes acusó de conformar una “red de corrupción y lavado de dinero” que abarcó decenas de contratos públicos. Las operaciones de blanqueo se ejecutaron en Estados Unidos.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), brazo antilavado del Ejecutivo federal, dijo en un comunicado que “la sentencia equivale a tres veces la cantidad de dinero por la que el gobierno de México los demandó originalmente”, conforme a la ley de Florida, donde se llevó el caso.
Genaro García Luna, de 56 años, fue detenido en diciembre de 2019 en Dallas, Texas. Vivía desde 2012 en Estados Unidos, tras el final del sexenio de Felipe Calderón.

El gobierno mexicano ha dicho que un conglomerado empresarial familiar de Genaro García Luna obtuvo 30 contratos con varios organismos de seguridad pública, a partir de los cuales se extrajeron recursos por un monto de 745.9 millones de dólares.
En marzo de 2023, la UIF señaló que los fondos “fueron transferidos al extranjero” mediante la utilización de paraísos fiscales y la adquisición de bienes y otros activos en Florida.
Además de las condenas por proteger al cártel de Sinaloa y el caso de lavado, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que el exfuncionario debe enfrentar otras acusaciones en México.
Entre ellas está su participación en el caso Rápido y Furioso, un fallido operativo realizado entre 2006 y 2011 en el que ingresaron a México más de 2 mil armas largas desde Estados Unidos con el objetivo de conocer la ruta que seguían hasta las organizaciones criminales. Las autoridades perdieron el rastro de estas y algunas fueron halladas en escenas de crímenes.
Además, el gobierno sostiene que Genaro García Luna debe afrontar “su involucramiento en una asociación delictuosa” para la privatización de cárceles federales y por contratos entregados de manera irregular para el equipamiento de penitenciarías.
Sheinbaum ha señalado también a Genaro García Luna de la violencia que se desató a raíz de una operación militar antidrogas, ordenada por Felipe Calderón en 2006. Desde entonces, el país acumula más de 450 mil homicidios y unos 100 mil desaparecidos.
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