Acusan corrupción en el Ministerio Público de Huejutla 

Abogados de la Huasteca hidalguense alzaron la voz para denunciar públicamente la serie de “deficiencias, corrupción y falta de compromiso” que, aseguran, persisten en la agencia del Ministerio Público de Huejutla y en el actuar de la Policía estatal, afectando gravemente la impartición de justicia y vulnerando derechos de víctimas y acusados, por igual.

En una reciente reunión entre litigantes y autoridades de la Subprocuraduría Oriente, el abogado Juan Aguado Solares acusó directamente corrupción dentro del Ministerio Público (MP) y señaló que existe una competencia desleal para los profesionistas del derecho, pues algunos agentes favorecen a ciertos abogados, creando “un mercado negro de influencias”. Para contrarrestar estas prácticas, propuso la rotación obligatoria de los ministerios públicos y lamentó que los procuradores estatales nunca visiten la región para conocer la realidad que se vive.

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Por su parte, el licenciado Miguel Ángel Ciriaco exigió poner fin a los compadrazgos y tráfico de influencias que —afirmó— contaminan los procesos: “Debe haber compromiso real para integrar bien las carpetas de investigación; muchas se quedan incompletas por falta de peritos, sobre todo en psicología”.

Enrique Fayad, otro abogado de la región, cuestionó la falta de consecuencias para líderes que bloquean carreteras sin ser sancionados y propuso la creación de una subprocuraduría regional, así como la apertura de nuevas agencias del Ministerio Público en San Felipe Orizatlán y Tlanchinol. “Estamos cansados de que no exista Estado de derecho”, subrayó.

Denuncian detenciones arbitrarias por parte de la Policía estatal

Joel Medina, por su parte, denunció irregularidades y presuntos robos en corralones de vehículos, así como detenciones arbitrarias por parte de la Policía estatal. Relató un caso reciente en el que un menor, víctima de un accidente, fue retenido por elementos estatales que presionaron a sus padres para firmar un acuerdo reparatorio, bajo hostigamiento, mientras el joven permanecía hospitalizado. “Las policías estatal y municipal compiten para ver quién extorsiona más”, afirmó.

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Por su parte, Arturo Pimentel evidenció el burocratismo para recuperar vehículos asegurados y la falta de regulación en los depósitos, donde los prestadores de servicios ni siquiera forman parte del padrón oficial de proveedores. Además, solicitó reubicar el Centro de Atención a la Víctima y a la Familia, que actualmente opera en un tercer piso, de difícil acceso para personas con discapacidad.

Las denuncias revelan que solo en la agencia del Ministerio Público de Huejutla existe un rezago estimado de 800 carpetas.

¿Qué respondió el subprocurador a los abogados huastecos?

Juan Carlos Ortiz, titular de la Subprocuraduría Oriente, reconoció la falta de personal y peritos, aunque aseguró que están reorganizando recursos y pondrán en marcha un sistema para monitorear el tiempo de inactividad de cada carpeta.

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Ortiz prometió revisar la situación de los corralones y la liberación de vehículos sin la necesidad de la firma directa del procurador. También, adelantó que trabajan en habilitar medios digitales para presentar denuncias y en campañas de prevención del delito, aunque no fijó plazos para resolver los problemas expuestos.

Mientras tanto, la exigencia de los abogados es clara: que se limpie de corrupción el aparato de procuración de justicia, se agilicen procesos y se garantice a la Huasteca un trato digno y justo, como marca la ley.

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