El síndico procurador insistió en que el gobierno municipal debe privilegiar la transparencia durante el desarrollo de las pesquisas

El síndico procurador de Huichapan, Israel Bautista Suárez, pide separar del cargo a director de Caposa
El síndico procurador de Huichapan, Israel Bautista Suárez, solicitó al ayuntamiento analizar la separación temporal del director de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Caposa), Mauricio Yáñez Bautista, mientras continúan las investigaciones derivadas de una denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Hidalgo.
A través de un posicionamiento público, el funcionario municipal señaló que la denuncia interpuesta previamente originó una carpeta de investigación que actualmente permanece en etapa de integración por parte de las autoridades correspondientes
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Bautista Suárez argumentó que la petición se sustenta en disposiciones de la Ley Orgánica Municipal del estado de Hidalgo, específicamente en el artículo 187, donde se contempla la suspensión provisional de servidores públicos que enfrenten señalamientos formales mientras se desarrollan las indagatorias.
El síndico sostuvo que la permanencia del titular de Caposa debe reconsiderarse hasta que se esclarezcan los hechos y se defina su situación legal y administrativa, al señalar que la ciudadanía demanda instituciones transparentes y servidores públicos que actúen bajo principios de responsabilidad y rendición de cuentas.
Además de la denuncia ante la fiscalía, el representante municipal mencionó otros señalamientos hechos contra Mauricio Yáñez Bautista, entre ellos un presunto incremento salarial sin autorización de la Junta de Gobierno de Huichapan, así como acusaciones ciudadanas relacionadas con el supuesto uso de pipas de agua potable para abastecer un predio particular donde habría ganado.

El síndico recordó que la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece obligaciones y lineamientos para el actuar de los funcionarios públicos, por lo que consideró indispensable que el ayuntamiento mantenga una postura institucional basada en la legalidad y la confianza ciudadana.
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Finalmente, aclaró que serán las autoridades competentes quienes determinen si existen responsabilidades administrativas o penales, aunque insistió en que el gobierno municipal debe privilegiar la transparencia durante el desarrollo de las investigaciones.
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