Ixmiquilpan posterga pago de laudos, incluso a huérfanas

Lo que comenzó como juicios laborales ordinarios terminó por convertirse en un problema acumulado que atraviesa administraciones municipales en Ixmiquilpan y que hoy exhibe no solo rezago institucional, sino también casos sensibles sin resolver, como el de dos hermanas que heredaron un laudo tras la muerte de su madre y que, pese a existir una sentencia firme, siguen sin recibir el pago correspondiente.

De acuerdo con el abogado Hanniel Camacho Ávila, que ha litigado en contra del ayuntamiento ixmiquilpense, encabezado actualmente por Emanuel Hernández Pascual, al menos cuatro laudos laborales permanecen sin cumplirse.

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Dos de ellos con características particulares que los colocan en el centro del conflicto por su antigüedad, su estatus jurídico y el impacto social que implican.

Ambos casos se remontan a 2016, periodo en el que se originaron las demandas laborales contra el municipio, las mismas que han transitado por distintas administraciones sin que hasta ahora se concrete su cumplimiento.

En ese lapso, el gobierno municipal ha estado encabezado por diferentes gestiones, entre ellas las de Pascual Charrez Pedraza y Araceli Beltrán Contreras, así como la actual administración, sin que ninguna haya logrado dar salida definitiva a estos adeudos.

Uno de los expedientes más delicados corresponde a una trabajadora que fue despedida y que, tras un proceso legal prolongado, obtuvo un laudo favorable; sin embargo, falleció antes de que el ayuntamiento cumpliera con el pago.

A partir de ello, el Tribunal de Arbitraje reconoció como beneficiarias a sus hijas, entonces menores de edad, quienes heredaron el derecho a la indemnización.

El monto original del laudo rondaba los 580 mil pesos, cifra que, con actualizaciones, podría ubicarse actualmente entre los 700 y 750 mil pesos.

Además, dentro de la resolución se contemplaba la reinstalación laboral como una opción para una de las beneficiarias, que actualmente ya es mayor de edad, lo que abrió la puerta a un proceso de negociación con el municipio.

No obstante, lejos de concretarse el cumplimiento, el caso se ha prolongado, pues, según el litigante, autoridades municipales ofrecieron apenas entre 270 mil y 300 mil pesos para cerrar el conflicto, es decir, menos de la mitad del monto reconocido inicialmente, lo que derivó en la promoción de un amparo por dilación procesal.

Aunado a ello, el propio tribunal realizó posteriormente un ajuste en la cuantificación del laudo, reduciendo el monto bajo el argumento de un error en el cálculo original.

Esta decisión también fue impugnada, debido a que, según argumenta el abogado, dicha corrección no fue solicitada por el ayuntamiento, lo que abre un nuevo frente legal.

“El derecho ya está firme, ya está reconocido, pero entre ajustes, omisiones y decisiones que no corresponden, el pago simplemente no llega”, expuso el abogado.

El segundo caso relevante también presenta irregularidades, ya que se trata de una trabajadora que, pese a contar con sentencia favorable, no fue notificada correctamente del fallo, lo que derivó en que el procedimiento quedara detenido durante un periodo prolongado.

Las resoluciones ya son definitivas, dice abogado

En ambos casos, los laudos ya no enfrentan recursos legales ordinarios por parte del municipio, lo que en términos jurídicos los coloca en condición de pago inmediato.

Sin embargo, la falta de ejecución ha obligado a las partes a recurrir a mecanismos adicionales para exigir su cumplimiento.

De manera paralela, el abogado refirió que esta situación no es aislada, sino parte de un patrón más amplio dentro del ayuntamiento, donde —aseguró— existe una resistencia sistemática a cumplir con las resoluciones laborales, incluso cuando estas ya son definitivas.

Incluso, advirtió que el municipio cuenta con partidas presupuestales destinadas específicamente al pago de este tipo de obligaciones, por lo que la falta de ejecución podría derivar en observaciones por parte de órganos fiscalizadores, así como en posibles responsabilidades administrativas.

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En números generales, los cuatro laudos referidos sumarían alrededor de 2.5 millones de pesos, con montos cercanos a los 500 mil pesos por expediente, sin contar actualizaciones, recargos o posibles resoluciones derivadas de los amparos en curso.

Sin embargo, más allá de las cifras, el caso de las hermanas que esperan la indemnización tras la muerte de su madre refleja el impacto humano de estos retrasos, con un proceso que inició hace casi una década que no solo sigue abierto, sino que ha tenido que sortear nuevos obstáculos legales para avanzar.

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