De acuerdo con los asambleístas, no buscan confrontación, sino garantizar la legalidad en el ayuntamiento

Regidores de Ajacuba acusan el desacato a la resolución del TEEH para que se les entregara la información requerida
Un grupo de regidores del ayuntamiento de Ajacuba hizo pública, a través de redes sociales, una serie de señalamientos sobre presuntas irregularidades dentro de la administración local, encabezada por la presidenta municipal, Zitlaly Jazmín Zúñiga Peña. Las denuncias giran en torno al posible incumplimiento de una resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH), la cual obligaba a proporcionar información clave para el desempeño de sus funciones.
El regidor Abelardo Ramos Morales explicó que recientemente presentaron un recurso ante dicho tribunal para evidenciar un presunto desacato, luego de que, según su versión, no se cumpliera con la entrega de documentación en el plazo establecido. Esta situación, señalaron, limita la labor de vigilancia del Cabildo y afecta el principio de rendición de cuentas.
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Entre los puntos expuestos, destaca la adquisición de vehículos presuntamente financiados con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun), destinados prioritariamente a seguridad pública. Sin embargo, indicaron que la versión oficial sobre el origen de los recursos cambió posteriormente, lo que generó dudas sobre la transparencia en el manejo del presupuesto.
Asimismo, cuestionaron la presentación de unidades vehiculares como nuevas, pese a que algunas ya registraban uso considerable, así como la posible reutilización de patrullas previamente en operación. También pidieron aclarar la procedencia de un vehículo que habría sido donado por el gobierno estatal, pero que hasta ahora no ha sido plenamente identificado.

Otro de los señalamientos incluye la compra de un automóvil asignado a la Secretaría Municipal, el cual, afirmaron, habría sido vendido al propio ayuntamiento por un funcionario en activo; acusan posible conflicto de interés.
Durante el posicionamiento, el regidor Rubén González Lozano subrayó que su postura no busca confrontación, sino garantizar la legalidad, la transparencia y el respeto a los derechos laborales dentro del ayuntamiento. También denunciaron la presunta limitación de herramientas administrativas, como el retiro de sellos oficiales, lo que aseguran, obstaculiza la presentación formal de solicitudes.
Finalmente, advirtieron sobre el gasto en direcciones ocupadas por personal externo al municipio, cuyos salarios representarían millones de pesos anuales, y reiteraron que su objetivo es asegurar que los recursos públicos se administren con responsabilidad y lleguen a las comunidades que más lo requieren.
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