El escándalo de cohechos y extorsiones, de tráfico de influencias y un abultado número de ilegalidades en la vida pública y empresarial de Brasil, se mantiene en crecimiento con nuevas denuncias que envuelven (y revuelcan) a funcionarios y empresarios, legisladores y magistrados en una aventura cuyas connotaciones se dieron a conocer en los últimos diez años, etapa en la que gobernó ese país el Partido de los Trabajadores con su líder Inazio Lula da Silva en la Presidencia del país por ocho años, además de dos con la presidenta Dilma Rousseff, señera pupila de Lula.
Ambos mandatarios hicieron una notable gestión social como mandatarios del enorme país sudamericano. La fama de Luis Inazio da Silva cruzó las fronteras y fue una voz autorizada en los foros internacionales como un ejemplo de gobernanza a favor de las mayorías desposeídas desde siempre, y más aún en los actuales tiempos de feroz capitalismo concentrador global.
Según la información mediática, el gobierno de Lula logró sacar de la miseria a 30 millones de brasileños con aumentos de sueldos sustanciales, programas contra el hambre y otros proyectos a expensas de la cuantiosa fortuna petrolera que en esos años se mantuvo al alza en los mercados mundiales. El éxito de su gestión presidencial se proyectó para que su colaboradora Dilma Roussef ganara la sucesión presidencial como candidata del Partido del Trabajo.
Pero luego de los éxitos sociales pasajeros llegó la caída mundial de los precios del petróleo (disminución que se ha tomado como certero golpe a las finanzas y economías de los principales productores, como Rusia, Brasil, Venezuela…), además del recrudecimiento de las indagatorias sobre la gran corrupción que priva desde hace décadas en los sectores público y privado de Brasil, investigaciones que alcanzaron la cúspide en los gobiernos de Lula y Dilma, mismos que permitieron destapar el saqueo, pues antes de ellos poco o casi nada se sabía de la enorme corrupción.
Gran descomposición de las fuerzas gubernamentales y empresariales que provocaron la ya famosa rebelión de los corruptos contra las indagatorias tanto en el Poder Legislativo, como en el Judicial y Ejecutivo. Fue una rebelión que desestabilizó al gobierno de la presidenta Dilma Roussef a quien acusaron de malos manejos gubernamentales y lograron, desde el Legislativo, instaurarle un juicio político que la llevó a la destitución del cargo. Hecho que ala propia mandataria calificó como un golpe de Estado legislativo. Un golpe que fue avalado por el Poder Judicial, pese a la falta de pruebas contundentes, denunció la agraviada Dilma. En su lugar quedó quien fungió como vicepresidente, Miky Temer, mismo que participó en la conspiración contra Dilma y que es acusado con múltiples denuncias de corrupción y riqueza “inexplicable”.
Pero el juicio contra Dilma sólo fue el principio de la feroz embestida contra el líder político nacional Lula da Silva, quien es acusado de recibir una propiedad de parte de una empresa y por la cual un juez lo sentenció a nueve años de prisión y casi 20 de inhabilitación política. Esto, de la misma manera que a Dilma: sin pruebas. Ante esto el expresidente ha señalado que la arremetida es contra su partido y que se defenderá, además que no cejará en su campaña por volver a ser candidato a la presidencia, pues los únicos que pueden juzgarlo y sentenciarlo son los brasileños en las urnas.
Con los odiosos sucesos brasileños (y de otros países) se da cuenta de la gran resistencia de la corrupción y de su peligrosidad cuando abarca todas las instancias de la vida pública y social en todos sus niveles. Un mal endémico que sólo puede ser controlado con sanciones.
En fin, con esta situación deberá lidiar Lula da Silva en su nueva aventura electoral, si es que no cuaja un sucedido mayor con la rebelión de los corruptos, tanto interna como externa.