Mientras algunos sesudos legisladores proponen multar a quién escupa o vigilar que todos estén firmes mientras se toca el himno nacional cientos de mujeres hidalguenses viajan la Ciudad de México para no ser presa de un negocio que por años cobró cientos de vidas y miles de pesos.
En diez años, de acuerdo con información publicada hoy en Criterio, a cargo de la reportera Marisol Flores, 859 mujeres hidalguenses han acudido a la Ciudad de México a practicarse una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) desde hace diez años, cuando en la capital del país se despenalizó esta práctica.
Casi mil mujeres hidalguenses son las que han debido viajar a la Ciudad de México para encontrar una solución que sus propias autoridades se han negado a legislar debido a su ignorancia. Cuestiones religiosas y políticas ponen en riesgo la integridad de quienes quieren, por su simple derecho, interrumpir un embarazo hasta antes de las 12 semanas de gestación.
Y mientras aquí esto puede llevar a la cárcel a una mujer, y nunca a quienes lucran con su necesidad, en la Ciudad de México el procedimiento es tan fácil como presentar una identificación oficial, comprobante de domicilio y llenar una forma para hablar con una trabajadora social. Para realizar la intervención, se debe acudir acompañado de un amigo o familiar que porte una identificación oficial en original.

Oídos sordos
Y hablando de legislaciones omitidas, ninguna autoridad hidalguense de los poderes Legislativo y Ejecutivo han intentado legislar respecto de los matrimonios igualitarios, a pesar de tener leyes que violan la carta magna. El progreso no se mide por el número de plazas comerciales, sino por los derechos de los habitantes.