Por no seguir los lineamientos de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el Comité de Participación Ciudadana (CPC) federal interpuso un amparo contra las omisiones legislativas en las que incurrieron los integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso estatal.
Así lo informó María Elena Morera Mitre, presidenta de Causa en Común y miembro del comité de selección del SNA, quien acudió al Foro Estatal Anticorrupción que se realizó en el Centro de Vinculación Internacional y Desarrollo Educativo (Cevide) de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).
El amparo se interpuso ante el juez décimo sexto de distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México, Ricardo Gallardo Vara, ya que tanto a nivel nacional como local, existe un Comité Coordinador cuya función dentro es establecer coordinación entre quienes integran el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) y el SNA, además de ser el encargado de diseñar, promocionar y evaluar que las estrategias sean efectivas para el combate a la corrupción.
Sin embargo, aunque el nacional lo integran siete miembros, en la entidad se determinó que fueran ocho, según el artículo 10 de la Ley del SEA en Hidalgo.
“Un octavo miembro rompe el esquema de número impar, porque si en una discusión quedan cuatro y cuatro no se pueden tomar determinaciones. El sistema se creó precisamente para que sus integrantes fuera impar”, dijo en entrevista.
El octavo miembro, explicó, es integrado por cinco municipios; no está claro por qué este número, si a Hidalgo lo integran 84, dijo.
La activista puntualizó que esta figura no tiene razón de ser, ya que las demarcaciones ya están representadas a través de los órganos fiscalizadores.
“En el caso de la elección del fiscal anticorrupción, a pesar de que se establecen algunos filtros, porque se que se integran al Congreso, la decisión del Ejecutivo es fundamental en la designación. Es muy difícil que un fiscal que dependa del procurador tome acciones de autonomía, si depende del Poder Ejecutivo.
“El problema es que el fiscal, al no ser un poder independiente, difícilmente va a ser independiente del gobernador”, indicó Morera Mitre.
En este caso, las organizaciones civiles deben realizar un perfil de qué es lo que desean de un fiscal, que incluya trayectoria –como cuántos años lleva en el servicio público o la docencia–, sus logros; de estos aspectos, añadió, se puede partir para determinar si alguno de los 36 aspirantes lo tiene.
También te puede interesar:
