Dos sismos de alta intensidad ocurrieron en septiembre del año pasado.
El primero, el 7 de septiembre a las 23:49 horas (centro), tuvo una intensidad de 8.2 en la escala Mw y se sintió en el centro y sureste de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. El segundo, a las 13:14 horas (centro) del 19 de septiembre, tuvo una magnitud de 7.1 y se sintió en la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Veracruz.
El primero dejó 102 muertos y unos 900 heridos. El segundo causó 370 muertes y lastimó a 7 mil 289 personas. Ambos temblores afectaron a 12 millones de personas, siendo Chiapas y Oaxaca los estados más golpeados.
Tan solo en Chiapas resultaron dañadas: 57 mil 621 viviendas (5 mil 485 quedaron inhabitables), 278 iglesias, 102 inmuebles culturales, mil 988 escuelas, 102 hospitales, clínicas y centros de salud, 104 edificios públicos y 185 vías de comunicación.
De inmediato, los gobiernos federal y estatales y los distintos sectores del país se movilizaron para rescatar a las víctimas, atender a los heridos y llevar ayuda a todos los damnificados.
El presidente Enrique Peña Nieto, los gobernadores de los estados dañados y funcionarios federales y locales viajaron a las zonas más golpeadas. Se anunciaron y aplicaron planes de reconstrucción, sobre todo de viviendas, escuelas y hospitales. Se diseñaron planes para hacer llegar recursos económicos a quienes sufrieron daños en sus casas para que las pudieran reparar, y a quienes las perdieron, para que adquirieran otra.
Menos de dos meses después renunció uno de los principales responsables de llevar a cabo la reconstrucción de las zonas afectadas: el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, para convertirse en el candidato del PRI a la presidencia de la república. Días después dejó su cargo el secretario de Educación Púbica, Aurelio Nuño, para coordinar la campaña electoral del primero. Al abandonar el gabinete presidencial ambos demostraron que sus aspiraciones políticas eran más importantes que el compromiso que habían asumido con el país y las víctimas de los sismos.
En las zonas afectadas las acciones de ayuda y reparación de daños emprendidas por los gobiernos federal y estatales dejaron a mucha gente descontenta. La burocracia, la corrupción o la falta de recursos económicos evitaron que muchos damnificados recibieran, en tiempo y forma, la ayuda que requerían. La ineficacia de las autoridades, real o percibida, causó que aumentara la impopularidad de los gobernantes.
El sistema político quedó más golpeado por los sismos. La imagen de los que entonces gobernaban -priistas, panistas, perredistas y verdes, principalmente- quedó por los suelos. Los terremotos cimbraron al sistema y beneficiaron a Morena, partido que solo gobernaba en cinco municipios del país y que por ello no tenía responsabilidad alguna con los damnificados. Y, claro, también ayudaron a su candidato, Andrés Manuel López Obrador, que menos de un año después ganó la elección presidencial.