Cinco años se cumplen hoy de uno de los casos judiciales más complejos, viralizados, politizados y emblemáticos de la crisis de violencia e inseguridad que vive México desde hace 13 años. El secuestro y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa no solo evidenció en su momento la gravedad de la podredumbre, descomposición y colusión entre gobiernos y el crimen organizado, sino que se convirtió en la pesadilla de dolor para decenas de padres que desde entonces claman —igual que otros muchos miles de padres de familias mexicanas— por conocer el cruel destino y el paradero de sus hijos, y representó también, políticamente, el principio del fin del gobierno y la figura del entonces presidente Enrique Peña Nieto.
Aquella noche triste de Iguala, del 26 de septiembre de 2014, las balas disparadas por los policías locales que detuvieron los camiones donde viajaban los estudiantes de la normal rural Isidro Burgos, no solo rompieron vidrios, metales y huesos; también hicieron añicos la imagen del “salvador de México”, Peña Nieto, que apenas seis meses antes aparecía en la portada la revista estadunidense Times, con una foto de cuerpo entero. Las imágenes de jóvenes golpeados, heridos, sometidos y apilados en camionetas, que entregados por las autoridades que debían protegerlos a los sicarios de Guerreros Unidos —ante la mirada pasiva y complaciente de militares del Ejército mexicano— combinadas con la indolencia y la torpeza de un gobierno federal que confundió y trató el tema como “un asunto local”, fueron el comienzo de una avalancha política que terminaría arrasando a la administración peñanietista.
Cinco años después, con casi la mitad de los presuntos asesinos materiales acusados y procesados puestos ahora en libertad por jueces extremadamente garantistas, seguimos sin saber quién o quiénes fueron los autores intelectuales de esta masacre. Y seguimos haciéndonos casi las mismas preguntas de hace cinco años: ¿Quién dio la orden de detener, levantar, secuestrar y asesinar a los estudiantes? ¿Quién es el Patrón al que tanto se refieren en las comunicaciones telefónicas grabadas y transcritas de aquella noche? ¿Qué relación tiene en todo esto el apellido Figueroa, de los caciques históricos de esa región de Guerrero? ¿Cuál fue el motivo real por el que decidieron masacrar y desaparecer a los 43 normalistas? ¿Dónde terminaron sus restos? ¿Qué papel jugó en todo esto el tráfico de goma de opio y heroína desde el sur mexicano a los Estados Unidos? ¿Por qué el Ejército no actuó en defensa de los jóvenes atacados, a pesar de que presenciaron cómo eran perseguidos y heridos varios de ellos? ¿La Policía Federal por qué no actuó al conocer del secuestro masivo? ¿Cuántos de ellos fueron quemados realmente en Cocula y cuántos asesinados en otros lugares?
Si se quiere llegar al fondo, tendrán que empezar por ser realistas con los padres de los normalistas y, sin negarles el derecho a la esperanza, demostrarles de manera fehaciente cómo fue que sus hijos fueron asesinados y sus restos desaparecidos o escondidos en distintos puntos de Iguala. Lo peor que podría hacer el gobierno lopezobradorista y el fiscal Gertz es alimentar “falsas esperanzas” y expectativas irrealizables para los doloridos padres y para toda una sociedad. Llegar a la verdad en el caso Ayotzinapa es un imperativo primero legal y luego moral para cerrar una herida que lleva cinco años abierta y supurando… Los dados mandan doble serpiente. Descendemos.
