El 11 de febrero pasado, durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que se hicieron “negocios jugosos al amparo del poder público, se han celebrado contratos leoninos para favorecer a particulares”.

AMLO se refería a siete “grandes gasoductos” cuya construcción estaba detenida y que, de acuerdo a los términos de los contratos, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) estaba obligada a seguirle pagando a las empresas constructoras, aunque no se estuviera transportando gas por los ductos. Añadió que esto le costaría 21 mil millones de dólares a la CFE.

Anunció que se estaba buscando una revisión de los contratos para no aumentar los precios de la electricidad y que “de ninguna manera se va a hacer por la fuerza, queremos que sea una participación voluntaria”.

En el mismo evento el director general de la CFE, Manuel Bartlett, informó que las cuatro empresas propietarias de los siete ductos son Carso Energy, IMG (Consorcio IEnova y TC Energía) y Fermaca.

La decisión del gobierno de renegociar esos “contratos leoninos” suscritos por el gobierno de Enrique Peña Nieto fue una de las discrepancias que tuvo con AMLO el exsecretario de Hacienda Carlos Urzúa, según lo declaró éste después de renunciar a su cargo el 9 de julio pasado.

Urzúa asegura que le dijo a su entonces jefe que México estaba obligado a honrar los contratos y que le advirtió de los riesgos que representaba incumplirlos. Según el exsecretario, Andrés Manuel lo acusó de ser neoliberal y de no tener los conocimientos legales necesarios para cuestionar a Bartlett.

Desde que se anunció que se buscaría renegociar los contratos, la mayoría de quienes integran la comentocracia financiera, tal vez recibiendo línea del entonces secretario de Hacienda y de algunas o todas las empresas contratistas, criticaron la decisión del presidente e insistieron en que “debían honrarse”.

De febrero a la fecha sucedieron muchas cosas. Las empresas se le adelantaron a la CFE al solicitar arbitrajes internacionales y ésta hizo lo mismo después. Una de ellas incluso demandó al gobierno de México con base en las declaraciones de Urzúa.

El asunto parecía complicarse hasta que ayer AMLO entró al Salón Tesorería de Palacio Nacional para ofrecer su conferencia de prensa acompañado de Bartlett y otras 12 personas, entre ellas, Carlos Slim, presidente honorario de Grupo Carso, Carlos Ruiz Sacristán, presidente de IEnova, Carlos Salazar Lomelí, presidente del Consejo Coordinador Empresarial y Antonio del Valle Perochena, presidente del Consejo Mexicano de Negocios.

Sin mayor preámbulo Andrés Manuel anunció que se logró un acuerdo con tres de las cuatro dueñas de los gasoductos –Carso,  Consorcio IEnova y TC Energía– que “va a significar una disminución en favor de la CFE de alrededor de 4 mil 500 millones de dólares”.

Bartlett explicó en qué consiste el acuerdo y dijo que espera anunciar en próxima fecha uno positivo con Fermaca.

Slim y Salazar manifestaron su satisfacción con los acuerdos y expresaron su plena confianza en el gobierno de AMLO.

En resumen: todos contentos y satisfechos.

Ahora habrá que ver si los empresarios empiezan a invertir.