Como si se tratara de una mala broma o de una negociación hecha para sangrar más a las finanzas federales, el acuerdo que hoy se anunciará con bombo y platillo entre el gobierno federal, la CFE y cuatro empresas constructoras de gasoductos nacionales y extranjeras, le va a costar casi 700 millones de dólares más al gobierno mexicano que, en principio había impugnado estos contratos por considerarlos “leoninos” y amenazó con ir a un arbitraje internacional, lo que motivó que las autoridades y los empresarios se sentaran a negociar, pero al final la negociación, en términos reales, le va a costar a los mexicanos pagarle 40 por ciento más de las tarifas que se habían negociado en los contratos que se firmaron en el sexenio anterior.

Esto significa que hoy que se anuncie, en Palacio Nacional por el presidente López Obrador, el “gran acuerdo” en el que intervino directamente el mandatario junto con el empresario mexicano Carlos Slim, para mediar en la amenaza de pleito legal internacional abierta por el director de la CFE, Manuel Bartlett, con las empresas canadienses IEnova y Transcanada, además de las mexicanas Carso Energy y Fermaca, por la operación de siete nuevos gasoductos en la República mexicana, lo que se estará aceptando por parte de la administración lopezobradorista será un nuevo contrato, cuyas condiciones, además de que alargan el tiempo de duración de los convenios originales, de 30 a 35 años, también se elevará el monto de las tarifas y las cantidades que, en un mayor tiempo de operación, tendremos que pagar los contribuyentes mexicanos a esas empresas por operar los gasoductos.

O sea que, después de tanto escándalo y de los berrinches del señor Manuel Bartlett, que metieron ruido y nerviosismo a las inversiones nacionales e internacionales, cuando amenazó primero con desconocer los contratos y luego con ir a un arbitraje internacional de más de 900 millones de dólares, no solo vamos a terminar pagando más por tiempo y tarifas, sino que de “leoninos”, el gobierno de AMLO terminó negociando y aceptando condiciones que enriquecerán aún más a las cuatro empresas que son las grandes “ganonas” de esta negociación.

Un análisis de expertos a lo que trascendió ayer lunes del acuerdo que hoy se hará público, luego de varios días de negociación entre los funcionarios federales y los empresarios constructores de los gasoductos, explica por qué son peores las condiciones que terminó aceptando la CFE en la operación de estas siete instalaciones: 1. Al nivelar las tarifas de transporte de gas natural y darle un descuento de entre 10 y 5 por ciento a la CFE (se saca un promedio de las tarifas en los años que dura el contrato, se le resta el nuevo descuento y ese promedio con descuento será la tarifa que se cobrará desde el primer año y hasta el último del contrato) 2. Se amplían en 5 años los plazos de los contratos, de 30 a 35 años.

El problema con esta propuesta radica en que: 1. Si bien en valor nominal el gobierno mexicano ahorrará más de 600 millones de dólares, en realidad el valor presente será negativo por cerca de 300 millones de dólares para el gobierno de nuestro país (por cierto, parece que este gobierno no entiende el concepto de “valor presente”, tal como lo denunció Carlos Urzúa a su salida de la Secretaría de Hacienda) 2. Tan solo en los primeros diez años (tiempo que tarda en nivelarse la tarifa) la CFE pagará cerca de 700 millones de dólares adicionales.

En el sexenio de AMLO, la CFE pagará tarifas aproximadamente 40 por ciento más caras por el funcionamiento de los gasoductos. Se amplían los plazos de los contratos a cinco años más, a pesar de que el gobierno mexicano se ha quejado de la duración de éstos por tener los gasoductos subutilizados. Además, no se tiene previsto en el mediano plazo, la construcción de nuevas centrales eléctricas que pudieran utilizar los gasoductos para generar energía. Es una incongruencia total ampliar los plazos. Pero básicamente el problema es que no entienden el valor del dinero en el tiempo.

Así que hoy, que nos digan como un “gran anuncio” que finalmente “ganamos los mexicanos” con las nuevas condiciones de operación que aceptaron las empresas concesionarias de estos siete gasoductos, en realidad lo que estará haciendo el gobierno federal, quizás sin darse cuenta ni entenderlo, facturando a los mexicanos y a los futuros gobiernos de los próximos 30 años, un costo mucho mayor de lo que originalmente se había proyectado en la operación de esos gasoductos. Quizá López Obrador y Manuel Bartlett no resentirán en los cinco años que les quedan de su administración el aumento de esos costos que están aceptando y es muy probable que ninguno de ellos vivirá para verlo, pero las futuras generaciones sí tendrán que pagar por un capricho y un berrinche político y un desconocimiento total, técnico y financiero, de los actuales gobernantes.