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La agenda de justicia

La sentencia del TEPJF de regresar a la boleta a Jaime Rodríguez, El Bronco, activó la vieja desconfianza colectiva respecto de la fuerza de obligar de las normas jurídicas. En México, todos sabemos que, en caso de conflicto, las normas jurídicas pueden ser negociables y que ello depende de la capacidad de influencia, del dinero o de los intereses en juego.

Es decir, la ley no protege ni obliga a todos por igual, sino que ello depende de quién seas. Resulta inexplicable, por más que intenten justificarlo los cuatro magistrados que votaron a favor de la sentencia, que un tribunal pase por alto el conjunto de irregularidades graves que tuvo El Bronco en la recolección de las firmas que le deberían dar derecho a estar en la boleta. El TEPJF decidió que la veracidad de esas firmas no importaba.

Sin embargo, el caso del Bronco no es un caso aislado. En el sistema de justicia mexicano, tal como hoy funciona, un grupo pequeño de personas puede manipular el resultado del juicio, sea a través de su influencia política o su dinero. En franco contraste, para la inmensa mayoría de las personas, la justicia es un lujo al que no se puede acceder. Los honorarios de un abogado y los costos del juicio les son impagables. Para la élite, la posibilidad de que sus intereses prevalezcan en caso de un conflicto con otro es muy alta.

En cambio, para más del 50% de la población, la forma de resolver un conflicto con otro es aguantarse y bajar la cabeza, o bien, recurrir a la violencia y la intimidación. El resultado de todo ello es un orden social vertical, excluyente, explosivo e injusto. El correcto funcionamiento del sistema de justicia es un instrumento clave para cerrar las brechas de la desigualdad social. El primer eslabón, el más básico, de la igualdad social es el trato impersonal de la ley y de eso se encargan las instituciones que resuelven y pacifican conflictos.

Por ello, es increíble que en las propuestas electorales de los candidatos no exista ninguna para atender las disfuncionalidades del sistema de justicia, siendo la desigualdad el origen de algunos de los problemas más graves que enfrenta el país. Por eso me parece un privilegio trabajar para que Claudia Sheinbaum encabece la agenda de justicia más innovadora del país. Ningún gobierno federal o local ha buscado derribar las enormes barreras de acceso a la justicia de los millones de personas que viven en pobreza en México. Empoderar a la gente y darle instrumentos de defensa frente a las autoridades y frente a otros debería haber sido una tarea prioritaria de las políticas sociales.

El gobierno de Claudia Sheinbaum va a tener el liderazgo en este ámbito, a través de estructurar una política ambiciosa de acceso a la justicia para los grupos sociales excluidos. La Constitución de la CDMX establece la acción efectiva de protección de derechos y el Instituto de la Defensoría Pública. Le tocará a Claudia Sheinbaum bajar a tierra estas dos instituciones, tomando en cuenta las restricciones presupuestales y la enorme demanda de justicia de los capitalinos.

También le tocará a Claudia llevar a cabo una estrategia potente para conducir el tránsito entre la PGJ y la Fiscalía de la CDMX. La Constitución le da un plazo de dos años para hacerlo. A diferencia de la Constitución federal, la de la CDMX establece que la Fiscalía no heredará todos los recursos humanos de la PGJ en automático y que el tránsito entre una y otra institución debe ser gradual. Con ello Claudia tiene la oportunidad de construir la primera Fiscalía en el país al servicio de los ciudadanos. Finalmente, el próximo gobierno de la CDMX tendrá que lograr que se configure un Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de esta ciudad que rompa las redes de corrupción e influencia que tienen sus cabezas para manipular el sentido de las sentencias en algunos de los casos de la élite. El desafío de todo esto es enorme, pero me parece fundamental que en nuestro país comencemos a intentar resolver disfunciones del sistema de justicia que sirven para preservar y reproducir la exclusión y la desigualdad sociales.

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