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Norberto o la incapacidad en la Cdmx

En el trágico e indignante crimen hacía un joven de 22 años como Norberto Ronquillo, lo que más irrita y conmociona a la sociedad capitalina no es la maldad vil y siniestra de sus secuestradores para acabar con una vida aun cuando sus familiares pagaron de inmediato el rescate exigido, sino la incapacidad que este caso exhibe de las autoridades de la Ciudad de México, que no supieron o no quisieron actuar ante las llamadas de auxilio inmediatas que se produjeron apenas minutos después de que el estudiante universitario fue secuestrado la noche del pasado 4 de junio.

La Secretaría de Protección Ciudadana, a cargo de Jesús Orta, no siguió los protocolos elementales después de la llamada al 911 realizada en esa misma noche para rastrear a los secuestradores ya sea a través del sistema de cámaras del C5 o para montar los operativos y retenes necesarios que permitieran la ubicación del auto en el que huyeron los delincuentes con todo y la víctima, perdiendo así horas vitales y valiosas que pudieron hacer la diferencia entre la vida y la muerte del joven que fue levantado a unas cuadras de la Universidad del Pedregal, en una zona ampliamente vigilada del sur de la ciudad y apenas tres días antes de que se graduara de su licenciatura en Mercadotecnia Internacional.

Lo mismo pasó con la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, que a pesar de haber recibido esa misma noche la primera denuncia de la familia de Norberto, lejos de comenzar de inmediato las investigaciones, le pidieron a los atribulados padres y hermanos esperar “para ver si se trata del delito de secuestro”. Da la impresión, por el resultado obtenido, que a pesar de las súplicas desesperadas de la madre de Norberto, que incluso acudió el viernes a reunirse con la procuradora Ernestina Godoy, para pedirle que la ayudara a encontrar con vida a su hijo, “porque ella tiene el poder de devolvérmelo”, nunca se desplegaron todas las capacidades operativas y de investigación de la PGJDF hasta que el joven apareció muerto en un descampado de Xochimilco, cuando las autoridades de la procuraduría aparecieron para decirnos que “lo mataron el mismo día del secuestro”.

Y peor aún, ayer la procuradora Godoy dijo que necesitaba el apoyo de la Fiscalía General de la República para investigar y capturar a los secuestradores que perpetraron tan deleznable crimen. ¿Es decir que en casi una semana que transcurrió desde que se llevaron vivo al estudiante, la procuraduría no tuvo un solo indicio o dato que seguir o reportar para intentar ubicar el paradero de Norberto y la identidad de sus secuestradores? Cualquiera pensaría que este es un caso que perfectamente puede atender el gobierno de la Ciudad de México y su procuraduría, o ¿acaso se trata de Los Zetas o del Cártel del Golfo o del Jalisco Nueva Generación como para pedir ayuda federal?

Lo más delicado es que la incapacidad que se asoma por parte de las áreas encargadas de la seguridad y de la procuración de justicia contrasta con las cifras oficiales y extraoficiales que documentan un incremento sin precedentes de los delitos graves y la violencia e inseguridad en la capital del país.

Ya en el primer trimestre de 2019 se conoció que los delitos de secuestro en la Cdmx se dispararon 550 por ciento, mientras que la extorsión subió 127 por ciento, el robo a negocio 62 por ciento, los homicidios 48 por ciento, el robo de vehículos 46 por ciento y narcomenudeo 31 por ciento, según la organización civil Semáforo Delictivo, que con base en las cifras y estadísticas oficiales del Secretariado Ejecutivo del SNSP, ubicó a la capital en Rojo en el semáforo de delitos de alto impacto.

Falta saber cómo va a cerrar este segundo trimestre del año, pero lo que sí ya es palpable y se documenta fielmente en el triste y mediatizado caso del secuestro y muerte de Norberto Ronquillo, es que en medio de una de las peores crisis de inseguridad y violencia que se recuerden en la Cdmx, los capitalinos estamos totalmente indefensos y abandonados ante la incapacidad e ineptitud de las autoridades capitalinas en materia de seguridad.

 

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