Parece una competencia para ver quién regala más dinero público. Este pasado 10 de mayo el priista José Antonio Meade prometió dar un subsidio de 1,200 pesos mensuales a las jefas de familia “como un piso de protección social para evitar que las jefas de familia, que solas sacan adelante a su familia, enfrenten el reto de la pobreza”. “Abusado”, le respondió la perredista Alejandra Barrales en Twitter. “Se llama #PaLasJefas y no son $1,200, son $2,500.”
La competencia electoral se ha centrado en ver quién ofrece mayores subsidios a ciertos grupos de la población. ¿Mil 200 o 2,500 para las jefas de familia? ¿Alguien da más? Al fin y al cabo, el dinero no es de los políticos. El morenista Andrés Manuel López Obrador promete duplicar las pensiones a adultos mayores y dar además 3,600 pesos mensuales a ninis para ser capacitados en las empresas. El panista Ricardo Anaya promete, a su vez, un ingreso garantizado a todos por el simple hecho de ser mexicano.
Nadie dice cuánto costarían estos subsidios ni cómo se financiarían. ¿Qué otros programas de gasto público habría que recortar para dejar recursos libres para estas dádivas? ¿Qué impuestos se incrementarían? ¿Cuánto aumentaría la deuda pública si se financian con un mayor déficit presupuestario? Los candidatos no se preocupan por tales minucias. Recuerdan aquella vieja frase política: “Basta ya de realidades, queremos promesas.”
Las promesas desbocadas sirven para una cosa y para una cosa nada más: comprar votos. Lo demostró en su momento López Obrador, cuyo “subsidio a los viejitos” aseguró a la izquierda una hegemonía que aún subsiste en la Ciudad de México. Los políticos de otros partidos han aprendido. El priista Alfredo del Mazo basó su campaña de 2017 en el estado de México en la promesa de pagar un sueldo rosa a las amas de casa. La demagogia reemplaza inexorablemente a la democracia.
Los subsidios sirven para comprar votos porque generan un agradecimiento al partido o grupo en el poder de quien los recibe, pero no resuelven los problemas sociales. Quizá algunos subsidios focalizados pueden ayudar a reducir la pobreza extrema durante un tiempo, como ha ocurrido en los últimos años en Chiapas según cifras del Coneval, pero no disminuyen el número total de pobres ya que no generan actividad económica ni empleos. Al contrario, producen dependencia de los recursos gubernamentales. Para mantener el subsidio, los beneficiarios tienen que seguir siendo pobres: o toman medidas para mantenerse en la pobreza u ocultan cualquier ingreso por actividades productivas.
El presupuesto federal de este 2018 considera 415,600 millones de pesos en subsidios, o sea, 11.1 por ciento del gasto programable de 3 billones 731,700 millones de pesos (Criterios). Este monto, sin embargo, solo representa una parte del dinero que realmente se dedica a este propósito. Una porción significativa de las transferencias federales a los estados y a la Ciudad de México se está usando para financiar subsidios. Éste es dinero que no se puede utilizar para las responsabilidades fundamentales del gobierno, como la seguridad pública o la construcción y reparación de infraestructura hidráulica. El gasto en subsidios es en parte responsable del deterioro en los servicios públicos.
Estamos camino al precipicio, pero no parece haber vuelta atrás. Las elecciones se compran con promesas irresponsables. Para impulsar políticas públicas sensatas, primero hay que llegar al poder.
Mostrar genitales
Las reglas absurdas generan distorsiones. Las cuotas de género, por ejemplo, han llevado a candidaturas de falsos transexuales. ¿Tendrán ahora las candidatas que mostrar sus genitales para demostrar que sí cumplen la cuota? ¿No sería mejor que todos fuéramos iguales ante la ley?
