“La tacañería sofoca la dicha; la liberalidad la intensifica.”
Orison S. Marden
La tacañería tiene un costo muy elevado, la austeridad también. Ahorrar en lo superfluo es una virtud; ahorrar en lo necesario, puede ser sumamente dañino.
En aras de la “austeridad republicana”, el presupuesto de egresos de 2019 está haciendo un recorte muy fuerte en materia de agua. Los proyectos de infraestructura en agua potable, alcantarillado y saneamiento tendrán un recorte de casi 43 por ciento durante 2019. El gasto fue de 7,791 millones de pesos en 2018, pero pasará a solo 4,463 millones en 2019. Es un recorte de 42.7 por ciento. La disminución se enmarca en un recorte muy fuerte también a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), cuyo gasto pasará de 27,369 millones a 19,227 millones de pesos, 29.7 por ciento (Evelyn Cervantes, Reforma, 17.12.18). Estas cifras son nominales; si se descuenta la inflación, el recorte es todavía mayor.
López Obrador no es el primer presidente que piensa que la tacañería en materia de agua es una virtud. El presupuesto de la Conagua ha pasado de 40,977 millones de pesos en 2016 a los 19,227 millones ya mencionados de 2019. Es un recorte de 53 por ciento. El Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Proagua) bajó de 9,990 millones de pesos en 2016 a 2,243 millones en 2019 (ANEAS). La disminución es de 77.5
por ciento.
El recorte en las inversiones públicas en agua preocupa todavía más como consecuencia de la iniciativa de Martí Batres, el senador de Morena y presidente de la mesa directiva de la cámara alta, que busca prohibir las inversiones privadas en esta actividad en todo el país, como ha ocurrido en la Ciudad de México con la nueva constitución. Si la iniciativa de Batres se aprueba el resultado sería un golpe brutal a la inversión y a la operación de los sistemas de agua Si se prohíbe la inversión privada y se limita la del gobierno, todos nos quedaremos sin agua tarde o temprano.
Es falso que México ya haya resuelto el problema de agua y por lo tanto estemos en posición de disminuir la inversión pública y privada en este campo. El informe de Léo Heller, relator especial de la ONU sobre el derecho humano al agua y al saneamiento, del 2 de agosto de 2017 señala que a pesar de que las cifras oficiales afirman que el 94 por ciento de la población tiene acceso a agua potable y el 93 por ciento a saneamiento, las cifras son engañosas porque se refieren a quienes tienen “algún tipo de cobertura infraestructural”. Aunque haya tubería, muchas veces no lleva agua; un 50 por ciento de la población está sujeta a tandeo (2015, Inegi).
En lugar de restringir la inversión en agua, habría que liberalizarla y promoverla. Hay mucho trabajo por hacer. La inversión privada es indispensable en aquellas actividades que pueden ser rentables para beneficio de todos. Hay ciertas inversiones, sin embargo, que solo pueden hacer las instituciones públicas. No dudo que haya que revisar todas las inversiones para asegurar su eficiencia y honestidad, pero recortar por recortar no es austeridad sino una tacañería que terminará por dañarnos a todos.
El resultado de las políticas en materia de agua que están impulsando el gobierno y los legisladores de la Cuarta Transformación será disminuir la disponibilidad de líquido para la agricultura, la industria, los servicios y el consumo humano. Si el propósito de la política pública es dejarnos sin agua, entonces vamos por buen camino; pero si busca una mayor y mejor disponibilidad de agua, el rumbo está equivocado.
Muchos errores
El presupuesto en su conjunto se ve bien y equilibrado. Por eso los mercados han reaccionado a él de forma positiva. En el detalle, sin embargo, hay muchos errores. La atención se concentró en el recorte a las universidades, pero hay muchas otras medidas preocupantes.
