El histórico descubrimiento de un archivo histórico
El teléfono repiqueteó varias veces en mi entonces pequeña biblioteca. Eran por ahí de las 10 de la mañana del Miércoles Santo 6 de abril de 1977, para ser más exactos.
El teléfono repiqueteó varias veces en mi entonces pequeña biblioteca. Eran por ahí de las 10 de la mañana del Miércoles Santo 6 de abril de 1977, para ser más exactos. Por el auricular supe que se trataba del licenciado Rafael Herrera Cabañas, secretario general del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo. Sonaba un tanto agitado. “Oye, licenciado —me dijo—. El presidente del tribunal me pide vengas de urgencia a la Casa Rule —entonces sede del Poder Judicial”. “En unos minutos estoy ahí”, le dije —yo vivía en la planta superior de la tienda El Lazo Mercantil, en la esquina de Morelos y Ocampo—. Diez minutos después llegué al patio de la Casa Rule, acompañado de José Vergara, quien estaba conmigo al recibir la llamada.
Herrera Cabañas me esperaba en el pórtico y, muy serio, me dijo: “Fíjate que hoy por la mañana, al llegar a mi oficina, me percaté de que estaban subiendo a este camión, propiedad de una cartonera, diversos atados de papeles y al preguntarles sobre lo que hacían me contestaron que el anterior presidente del tribunal les había vendido todo el papel viejo que estaba en la mansarda del edificio Rule, porque ya estorbaba mucho, lo que de inmediato comuniqué al presidente, —Rubén Licona Rivemar— y él me pidió te llamara y no permitiera la salida del vehículo”.
Subí a la plataforma de aquel camión de redilas y tomé al azar uno de aquellos legajos y me quedé sorprendido de su contenido: eran documentos manuscritos en papel de arroz con letra “procesal encadenada” —utilizada por los escribanos del periodo virreinal, caracterizada por enlazarse casi todas palabras, para que el escribano pudiera tomar rápidamente razón de todo lo acontecido en audiencias y comparecencias, sin levantar el punto de la pluma—, pero lo más extraordinario fue que en el segundo o tercer legajo que levanté me encontré con un documento suscrito por Bartolomé Medina, reconocí la firma que había visto cientos de veces en publicaciones referentes a él.
Al llegar, el presidente del tribunal ordenó se bajaran del camión todas las cajas, legajos, expedientes y hojas sueltas y se regresaran a la mansarda de la Casa Rule y me pidió de manera particular procediera a examinar el contenido de aquellos cerros de papeles, en compañía de José Vergara, quien para entonces era ya un magnífico paleógrafo —transcriptor de documentos antiguos— fogueado en el Archivo General de Notarías de Ciudad de México, donde trabajó largas horas en busca de documentos útiles para el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM.
Durante los días siguientes, nos dimos a la tarea de examinar y preclasificar aquel mundo de papeles viejos —optamos por integrar los ramos de protocolos, asuntos civiles, criminales, administrativos y un enorme misceláneo—. Para no interferir con las horas de trabajo de cada uno, optamos por laborar en las tardes y noches de lunes a viernes, y casi completos los sábados, domingos y días festivos.
Dos pilares en la realización de esta tarea fueron el gobernador Jorge Rojo Lugo y los presidentes del Tribunal Superior: Rubén Licona Rivemar, César Vieyra y Jaime Daniel Baños Paz, quienes apoyaron nuestra labor hasta consumar una primera clasificación, que reportó la enorme riqueza de este repositorio, cuya antigüedad se remonta al año de 1553 —un año después del descubrimiento de las primeras minas de la comarca— y es uno de los más antiguos archivos de México.
Pronto se sumaron a esta labor con gran entusiasmo José Arias Esteve, don Raúl Guerrero y Héctor Samperio, quienes recordamos las palabras de Woodrow Borah —fundador de la llamada escuela de Berkeley y autor de diversos estudios sobre el periodo novohispano—: “Busquen sus archivos virreinales, nos dijo, la administración española en América dejó muchas huellas de su paso”.
Aquel descubrimiento fue un paso fundamental en la investigación de las hoy tierras hidalguenses, pues cayeron muchos mitos y datos falsos, pero ante todo iluminó la etapa más obscura de nuestro pretérito. Bien puede decirse que la historia de Hidalgo empezó a reescribirse y en muchos casos —la mayoría— a descubrirse a partir de entonces. Diversos trabajos se han realizado gracias a este magnífico acervo; uno de ellos, mi trabajo de ingreso a la Academia Nacional de Historia Bartolomé de Medina, un sevillano pachuqueño, primero de muchos que se han escrito ya basados en la documentación de este archivo.
Con el respaldo del gobernador Rojo Lugo, el Centro Hidalguense de Investigaciones Históricas AC —Cehinhac— logró registrarlo ante el Archivo General de la Nación, que, presidido por la doctora Alejandra Moreno Toscano, primero, y la maestra Leonor Ortiz Monasterio, después, nos dio el aval y la capacitación para lograr su catalogación, fue este descubrimiento uno de los mayores logros del Cehinhac.
La placa que ilustra esta columna corresponde a la entrega del registro al Archivo Histórico del Poder Judicial en 1979 y aparecen de pie Héctor Samperio, José Vergara y José Arias; sentada al centro, la doctora Moreno Toscano; a su izquierda, Stella María González Cícero; enfrente, sentado, Juan Manuel Menes Llaguno, entonces también magistrado del tribunal superior; el licenciado César Vieyra, presidente del mismo, y el magistrado Gabriel Romero Reyes.
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