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Hace (1) meses

¿La política cultural de la 4T es de izquierda?

La pregunta por el carácter progresista en la política cultural mexicana parte de una ilusión: que el Estado aún se rige por principios ideológicos coherentes.

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La pregunta por el carácter progresista en la política cultural mexicana parte de una ilusión: que el Estado aún se rige por principios ideológicos coherentes. En los hechos, el capital simbólico ha sido reconfigurado bajo una lógica más pragmática: su utilidad electoral, sin pertenencia ideológica, dictada por lo que indiquen las encuestas. La cultura importa en la medida en que legitima, no en tanto emancipa. Y en ese cálculo, los artistas ocupamos un lugar marginal: somos pocos, dispersos, incapaces de incidir como bloque en las urnas. No representamos un riesgo político; por ello, tampoco una prioridad estructural. Lo que vemos, entonces, es una administración del capital simbólico donde la cultura deja de ser un campo de conflicto para convertirse en un mecanismo de validación. Bastaría revisar algunos episodios recientes: la desaparición de fideicomisos como Fidecine y Foprocine reinstaló la discrecionalidad como norma. El deterioro de instituciones como la ENAH, junto con el proyecto del Bosque de Chapultepec, condensó esa deriva hacia una cultura monumentalizada y centralizada. El dato es elocuente: el presupuesto federal en cultura se ha mantenido por debajo del 0.3 por ciento del gasto total. No es un descuido; es una definición.

En los estados, esa lógica pierde el pudor. El caso del desalojo de la fundación Arturo Herrera Cabañas, en Pachuca, no responde a una falta administrativa, sino a una decisión: sustituir un espacio autónomo por uno administrable. El museo que se anuncia no llega a terreno neutro. Basta recorrer los recintos existentes: mantenimiento irregular, equipos obsoletos, espacios degradados. ¿Es, entonces, un problema de infraestructura o de gestión? ¿Qué garantiza que lo nuevo no repita lo que ya fracasa?

La pregunta al gobernador Menchaca Salazar deja de ser técnica y se vuelve política: ¿por qué el teatro San Francisco no depende de la Secretaría de Cultura y permanece subutilizado? ¿Por qué los creadores locales reciben presupuestos residuales mientras se anuncian proyectos de alto impacto simbólico? ¿Van a revisarse otros comodatos o la vara es selectiva? ¿Por qué no aplicar la misma lógica al Museo del Futbol y Salón de la Fama? ¿Conoce usted, gobernador, el estado de los equipos lumínicos en el teatro Romo de Vivar o en el Centro de las Artes? ¿Ha recorrido los espacios del Cuartel del Arte convertidos en depósitos improvisados o la precariedad visible en los centros regionales de las artes, algunos sin servicios básicos? No es un diagnóstico ideológico, es un inventario.

Pero hay otra capa, menos visible y más decisiva. La izquierda hidalguense ha sido históricamente menos orgánica que disputada. En esa tradición se inscribe Irma Eugenia Gutiérrez, figura de una izquierda crítica, no subordinada. Su hijo, Arturo Herrera Gutiérrez, llegó a perfilarse como una opción para la gubernatura con respaldo del propio proyecto federal. Ese antecedente no es menor: introduce una tensión de origen en la configuración del poder local. En ese contexto, la intervención sobre un espacio asociado a esa genealogía no puede leerse únicamente en clave administrativa. También responde —aunque no se declare— a una disputa por legitimidades, por herencias políticas, por control de referentes. El argumento legal en el caso de la fundación —endeble, casi ornamental— encubre esa doble operación. No se corrige una irregularidad; se neutraliza una excepción. Un espacio que ha logrado sostenerse sin mediación estatal demuestra que la cultura puede existir sin tutela. Y eso, precisamente, resulta incómodo.

Quizá la pregunta inicial esté mal planteada. No se trata de si esta política es de izquierda, sino de reconocer que ha vaciado esa tradición hasta volverla irreconocible. Lo que queda es un estatismo cultural que no necesita prohibir para imponerse: administra, condiciona, precariza, desplaza. El caso de la Herrera Cabañas no es una anomalía. Es un indicio. Y como todo indicio, permite leer una tendencia: la cultura ya no como espacio de autonomía, sino como territorio administrado. O, dicho sin rodeos, como un campo cada vez más estrecho donde el disenso se paga con la desaparición.

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