¿Quién elige a los que eligen? La crisis de los jurados

En la administración cultural, el jurado no debería ser un trámite burocrático sino una de las pocas formas civilizadas de contener la arbitrariedad. Pero la vieja pregunta de Juvenal continúa intacta: ¿quién vigila a los vigilantes?

En México, los órganos colegiados atraviesan una transformación silenciosa: el funcionario cultural ha dejado de conformarse con administrar recursos públicos y comienza a intervenir cada vez más en la orientación estética de las instituciones. Diseña convocatorias, perfila criterios curatoriales, valida ternas y termina formando parte del mecanismo simbólico que decide qué vale y qué no dentro de la cultura pública. En el teatro esto resulta particularmente visible. Efiartes, por ejemplo, ni siquiera transparenta quiénes integran sus comités de evaluación; hay que rastrear los nombres y aun así permanece poco claro qué proyectos revisó cada dictaminador. Algo semejante comienza a observarse en ciertos procesos de programación de las coordinaciones nacionales del propio Inbal y en algunos estados donde funcionarios culturales federales opinan, sugieren o incluso forman parte de órganos colegiados.

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La pregunta es inevitable: ¿el funcionario cultural debe administrar recursos públicos o convertirse en curador estético del Estado? Administrar implica garantizar legalidad y transparencia; curar supone ejercer preferencias, afinidades y sesgos. Precisamente por eso existen los órganos colegiados: para dispersar el poder del gusto y evitar que la política cultural termine subordinada a una sensibilidad burocrática dominante. A ello se suma otra vieja enfermedad mexicana: el centralismo. Buena parte de los jurados continúa concentrándose en habitantes de Ciudad de México. Mientras la descentralización se pronuncia como consigna, el criterio sigue orbitando alrededor de los mismos corredores institucionales y de una mirada capitalina hegemónica. Se incorpora ocasionalmente a algún integrante foráneo para simular equilibrio, aunque la mayoría de los proyectos provengan justamente de fuera de la capital.

También comienza a normalizarse otra deriva preocupante: la compulsión institucional por producir “nombres nuevos” a cualquier costo. Nadie discute la necesidad de abrir espacios a generaciones emergentes; el problema aparece cuando esa lógica termina colocando en jurados a perfiles con obra insuficiente, experiencia mínima o herramientas todavía precarias para sostener una evaluación compleja. Pero el extremo contrario tampoco garantiza nada: viejas figuras cuya obra ha perdido vigencia o cuya mirada permanece desconectada de las discusiones contemporáneas tampoco aseguran, necesariamente, mejores dictámenes. Dictaminar también es un oficio, complejo por lo visto.

Porque el artista tiene un derecho pocas veces mencionado: ser evaluado por personas con trayectoria, criterio y conocimiento amplio del campo. En la ciencia sería impensable que un investigador sin obra consolidada evaluara el trabajo de especialistas de mayor rango; existen pares académicos, criterios de especialización y una ética del conocimiento acumulado. En el arte, en cambio, comenzamos a asumir que cualquier pertenencia al gremio habilita automáticamente el ejercicio del juicio. ¿Es realmente así?

La opacidad agrava todo. La insaculación rara vez es pública y las convocatorias casi nunca explican las líneas curatoriales o los criterios estéticos bajo los cuales se decidió. El dictamen aparece entonces como una verdad administrativa, no como un ejercicio razonado de valoración pública. Hace años, Legom resumía una de las virtudes históricas del Fonca: el sistema funcionaba porque eran artistas otorgando recursos públicos a otros artistas durante un tiempo determinado. Quizá ahí reside hoy la verdadera pregunta: ¿eso sigue ocurriendo o los funcionarios culturales comienzan, cada vez más, a inclinar la balanza?