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Acusan manipulación de licitación para uniformes en Hidalgo

Un grupo de empresarias textileras, quienes impugnaron la licitación nacional para la compra de 162 mil paquetes de uniformes escolares —que costará más de 65 millones de pesos—, acusó manipulación de las bases y falta de competencia para beneficiar a algunos proveedores.

María Guadalupe Alanís Espinosa, quien participó en la licitación y venta de uniformes durante el sexenio pasado, culpó a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) —en particular al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Instituto Hidalguense de Educación— de esconder la licitación y evitar que tuviera la máxima publicidad, así como eludir su emisión en la plataforma Compranet y en el portal del gobierno del estado.

Por ello, aseguró, ingresó un recurso ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial del Estado de Hidalgo para exigir la nulidad e invalidez de la convocatoria IHE-SAGAyF-N16-2019, bajo el supuesto de que no se apegó a la Ley Federal de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. De acuerdo con la empresaria, la licitación se mantenía suspendida por parte del tribunal administrativo,

Entre los señalamientos del grupo de empresarias se encuentra la solicitud de infraestructura ajena a una micro y pequeña empresa, “como el contar con al menos 500 metros cuadrados de instalaciones y de al menos 60 máquinas, con lo cual se aseguraría que el ganador maquilaría al menos 65 por ciento de las prendas”. Esto, indicó, pone en desventaja a los empresarios que buscan participar.

Además, acusó Alanís Espinosa, se les exigió exhibir muestras que incluyen botones con un diseño especial, así como etiquetas que hagan constar que los empaques en que se entreguen los uniformes sean biodegradables. “Esta es una petición excesiva que nos pone en desventaja contra los ganadores del ejercicio fiscal anterior, pues mandar a fabricar botones grabados requiere de una inversión alta, sin tener la certeza de que se nos adjudique, pues solo venden 10 mil unidades”.

Con ello, según la empresaria, el Comité de Adquisiciones no es objetivo y demuestra parcialidad. “Por sentido común, solo podrán cumplir quienes tienen excedentes del ejercicio anterior”. Otro señalamiento es que los testigos sociales que conforman el comité fueron elegidos de manera discrecional sin que se emitiera convocatoria alguna, además de no acreditar su personalidad con documentos de identificación.

La licitación pretende dotar de uniformes escolares a 162 mil 32 alumnos de secundaria y se conforma de ocho partidas: camisola, pantalón, suéter, corbatas, cinturones, blusas, faldas, y calcetas para los tres grados de escuelas generales, técnicas, Conafe y telesecundarias.

FAVORECEN A CINCO EMPRESAS, ASEVERAN

De acuerdo con Alanís Espinosa, las empresas Grupo Aus Ver, Creaciones Industriales Deportivas, Petra Rodríguez Pérez, Maquiladora Espani y José Luis Lara Hernández, al haber participado en la licitación del año fiscal anterior, serían beneficiados con las condiciones de la convocatoria

Las cinco razones sociales, dice, fueron las únicas que lograron participar tras la junta de aclaraciones. “Creaciones Industriales incluso sobrepasa los costos, pues ofrece todas las partidas por 76 millones 710 mil pesos”

TRIBUNAL DESECHA IMPUGNACIÓN

Después de que el Tribunal de Justicia Administrativa suspendiera de manera temporal la licitación para la compra de uniformes escolares, las salas uno, dos y cuatro se declararon incompetentes para conocer, substanciar y resolver el caso, al no tratarse de un hecho consumado. “La convocatoria y la Junta de Aclaraciones forman parte de la primera y segunda etapas de procedimiento de licitación, es decir, se trata de actos intermedios dictados dentro del propio procedimiento, contra los cuales los actores debieron interponer el recurso de inconformidad previsto en los artículos 87 fracción I y 88 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, ya que el normativo citado señala textualmente: ‘La Contraloría o el Órgano Interno de Control conocerán de las inconformidades que se promuevan contra los actos de los procedimientos de licitación pública o invitación a cuando menos tres personas que se indican a continuación: I. La convocatoria a la licitación pública, las juntas de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones. (…)’”, informó Margarita Navarrete Guadarrama, secretaria general en el Tribunal de Justicia Administrativa de Hidalgo.

Jorge Ávila | Pachuca

 

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