Durante el periodo de septiembre 2016 a diciembre 2017, el alcalde expriista y empresario del segundo municipio más importante de la zona conurbada de Pachuca solamente licitó, conforme a la ley, 12 de 116 obras, con lo cual Camacho Baños usó de manera irregular 54 millones 168 mil 216 pesos, lo que representa 66 por ciento del dinero ejercido en obra pública en 15 meses.

[box type=”info” align=”” class=”” width=”Cimientos de Corrupción”]De la misma manera en que una máquina mezcla grava, arena y agua para convertirlas en concreto, en la entidad, autoridades locales y empresas amalgaman una composición de contratos, intereses y consentidos para cimentar la corrupción en la asignación de obras públicas, negocio que deja millones a unos cuantos, en detrimento del beneficio de los gobernados. Detrás de la necesidad de la población, que requiere servicios básicos como drenaje, redes de agua potable, además de techumbres y pavimento en sus calles, se cimientan la corrupción y la riqueza de unos pocos. Millones de pesos manejados de manera discrecional por las autoridades municipales terminan en manos de empresas que por influencias o simplemente por compadrazgo reciben contratos de obras públicas manipulando la ley, violando los reglamentos y los ordenamientos del Poder Legislativo. Por más de seis meses, el Área de Investigación de Criterio revisó cientos de contratos de cada uno de los ayuntamientos que, durante los ejercicios fiscales 2016 y 2017, pagaron obra pública, en su mayoría, de manera irregular y violando la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo. De esta forma, los alcaldes en Hidalgo han convertido en una regla la excepción a la ley, al adjudicar de manera directa más de 80 por ciento de las obras públicas. Las asignaciones directas sin justificación de un comité de obra, la simulación de competencia y rebase de los montos máximos autorizados por el Congreso local son el modo de operación común de las autoridades municipales, quienes, además, carecen de vigilancia, pues, a pesar de las irregularidades, ni las contralorías ni las áreas fiscalizadoras han señalado esta trama. Mineral de la Reforma es el primer gobierno municipal analizado; cada semana se publicará el resultado de uno o varios ayuntamientos.[/box]

Por: Área de Investigación
De manera discrecional, nueve de cada diez obras realizadas en Mineral de la Reforma por el gobierno municipal se entregaron de manera directa a constructoras consentidas del alcalde panista Raúl Camacho Baños, sin un proceso de licitación de por medio.

De acuerdo con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, los contratos de obras públicas o de los servicios relacionados con las mismas se adjudicarán o llevarán a cabo, por regla general, a través de licitaciones públicas mediante convocatoria, para que libremente se presenten proposiciones en sobre cerrado.

Durante el periodo de septiembre 2016 a diciembre 2017, el expriista y empresario del segundo municipio más importante de la zona conurbada de Pachuca solamente licitó, conforme a la ley, 12 de 116 proyectos, con lo cual Camacho Baños usó de manera irregular 54 millones 168 mil 216 pesos, lo que representa 66 por ciento del dinero ejercido en obra pública durante sus primeros 15 meses de gobierno.

Según los documentos recabados por Criterio, en total, el munícipe entregó a un puñado de firmas 93 contratos de adjudicación directa por un monto de 44 millones 095 mil 267 pesos; de ellas, en por lo menos nueve ocasiones contravino las leyes de egresos emitidas por el Congreso y que limitan a 500 mil pesos la entrega de obras mediante esta vía.

Sobresale la construcción de un sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales, bajo la NOM-001-Semarnat-1196, para la comunidad de San José Palma Gorda, que costó en total más de 13.5 millones de pesos, monto otorgado sin concurso y que supera 30 veces lo permitido por la legislación. Esta obra fue entregada de manera directa, sin una licitación de por medio, a la empresa Conysis SA de CV, cuyos únicos registros en la web son su participación en licitación de dos obras en Puebla y Michoacán.

En cantidad, a ella le sigue el contrato 2017/FAPFM051004-AD-63-17, para la “pavimentación de concreto hidráulico de la avenida San Judas Tadeo, de la calle San Pedro a Santa María Concepción”, asignada por forma directa a Profesionistas Asociados en Diseño y Construcción SA de CV, por un monto de 5 millones 180 mil 720 pesos, diez veces más de lo permitido por la ley.

Su representante legal es Miguel Ángel Narváez Gómez, hermano del exsecretario de Agricultura y Desarrollo Social del estado y notario, José Alberto.

Además, por 2 millones 644 mil 284 pesos, el expriísta adjudicó, también sin concurso de por medio, la tercera etapa del gimnasio multifuncional de la unidad deportiva municipal en la calle San Basilio, en La Providencia, con número de contrato PMMR-AO-8130551994-E40-2017, a Juan Carlos Calderoni Hallil, cuya empresa cuenta con dirección en Puebla, en la calle 6 sur, 6718, en la colonia Loma Linda.

Otras dos adjudicaciones directas le fueron entregadas a la empresa Comercializadora y Construcciones FYE, encargada de realizar la ampliación de la red de energía eléctrica en colonia Jagüey y en Azoyatla, en sus primera y segunda etapas, por montos de un millón 377 mil 441 pesos y un millón 45 mil pesos, respectivamente, consta en los contratos AO-8130051994-E46-2017 y AO-816051994-E45-2017.

[toggle title=”¿Qué dice la ley?” state=”close”]El artículo 48 de la legislación indica que sólo previo a un dictamen de aprobación, que al respecto emita un Comité Técnico, podrán contratarse obras bajo su responsabilidad sin sujetarse al procedimiento de licitación pública cuando existan condiciones o circunstancias extraordinarias o imprevisibles. Bajo este supuesto, el gobierno de Mineral de la Reforma deberá motivar y fundamentar cada circunstancia. Criterio pidió vía transparencia dichas justificaciones sin obtener respuesta. Entre las excepciones, señala la ley, destacan que “peligre o se altere el orden social, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el medio ambiente de alguna zona o región del estado, como consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales”. Otro motivo, indica, es su realización con fines exclusivamente para garantizar la seguridad interior o comprometan información de naturaleza confidencial para el estado, o en caso fortuito o fuerza mayor, cuando “no sea posible ejecutar los trabajos mediante el procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido, para atender la eventualidad de que se trate, en este supuesto, deberán limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla”. También se pueden contratar sin licitación cuando “se trate de trabajos de mantenimiento, restauración, reparación y demolición de inmuebles, en los que no sea posible precisar su alcance, establecer el catálogo de conceptos, cantidades de trabajo, determinar las especificaciones correspondientes o elaborar el Programa de Ejecución”. O cuando “se trate de trabajos que requieran fundamentalmente de mano de obra campesina o urbana marginada y que la dependencia, o municipio, contrate directamente con los habitantes beneficiarios de la localidad o del lugar donde deban realizarse los trabajos, ya sea como personas físicas o morales”, lo cual no sucedió en ningún caso. Incluso, se prevé que se realicen invitaciones cuando el financiamiento total de la obra o del servicio relacionado corra a cargo de particulares, persona que cuente con la experiencia necesaria, recursos económicos, técnicos, materiales especiales y suficientes para la realización de ésta y que, por consecuencia, el Estado no tenga que aplicar recursos o contratar empréstitos o créditos con cargo a su patrimonio para el cumplimiento de su objeto”. Criterio buscó desde una semana antes de la publicación una entrevista con el alcalde Raúl Camacho para conocer su versión, sin que se obtuviera una respuesta favorable.[/toggle]

También te puede interesar:

https://criteriohidalgo.com/noticias/cimientos-de-corrupcion