La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) señaló ayer los riesgos que implicaría la eliminación de cuotas por parte de las instituciones, pues requieren cobrarlas para poder mantenerse.

Jaime Valls, secretario general de la asociación, durante su participación en las audiencias públicas sobre el proyecto de reforma educativa en la Cámara de Diputados, llamó a los legisladores a considerar los impactos que tendrá la gratuidad en las finanzas de las instituciones públicas.

“El impacto financiero de la gratuidad es muy alto y afectaría a los presupuestos de las instituciones públicas de educación superior. Se estima que éste podría ser cercano a los 13 mil millones de pesos por año”, expuso.

“De eliminarse las cuotas estudiantiles sin ninguna compensación en el presupuesto de las instituciones, se verá disminuida la prestación de servicios de apoyo a los propios estudiantes y se agravará la problemática financiera de las universidades e instituciones de educación superior, que ya de por sí algunas de ellas tienen problemas severos”, advirtió.

Señaló que si bien la ANUIES coincide con la “obligatoriedad” y la “gratuidad” de la educación superior que impulsa el Gobierno Federal, falta detallar varios puntos, pues persisten algunas dudas y falta claridad sobre dichas palabras incluidas en el octavo transitorio de la iniciativa enviada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No se especifica si se refiere exclusivamente a la exención de las cuotas. Hoy se incluyen otros servicios escolares y administrativos como pago de cursos de idiomas, de artes o deliberación, exámenes extraordinarios, exámenes profesionales y trámites de titulación entre muchos otros”, expuso.

“Para efectos de la obligatoriedad y gratuidad, en la iniciativa se alude a la educación superior, sin establecer límites entre los distintos niveles que la componen de pregrado y posgrado. Pregrado: técnico superior, licenciatura; posgrado: maestría y doctorado. Sería bueno delimitarlo”, indicó.

Por su parte, Luciano Concheiro, subsecretario de Educación Superior, refirió que de parte de la SEP existe claridad sobre el concepto de gratuidad.

“La gratuidad y la obligatoriedad, yo les diría que sí tenemos pensado lo que esto significa, por supuesto es una limitante, pero es un compromiso en el, digamos, transitorio octavo, se habla de gradualidad, pero precisamente porque en términos responsables lo que nos proponemos es cumplir este aspecto e irlo construyendo, pero representa efectivamente una política que no puede ser de Gobierno, sino que tiene que ser una política de Estado”, apuntó.

Iris Velázquez
Agencia Reforma