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Paran aeropuerto de Santa Lucía hasta aclarar cancelación de NAIM

Un juez federal suspendió hoy por tiempo indefinido la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL) hasta que se dicte sentencia que aclare si fue legal la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco.

Juan Carlos Guzmán Rosas, Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa y quien concentra todos los amparos por este caso, otorgó dos suspensiones definitivas al colectivo #NoMásDerroches.

Una de las suspensiones, según informó el colectivo, es la primera en la que no se deja lugar a iniciar la ejecución de las obras una vez que se presenten estudios de impacto ambiental, aeronáutico, arqueológico o cualquier otro que dependa del propio Gobierno.

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La suspensión también ordena conservar las obras de Texcoco en el estado en que se encuentran, por lo que no pueden ser inundadas, como se ha planteado para el proyecto de un parque ecológico.

“Con esta nueva medida cautelar obtenida por #NoMásDerroches, la construcción del AISL tendrá que esperar a que se resuelva el juicio de amparo de manera definitiva”, indicó el colectivo.

“Lo anterior es acorde con lo que ha venido solicitando el colectivo desde un inicio: antes de iniciar la construcción de Santa Lucía y el desmantelamiento de las obras en Texcoco, el Poder Judicial de la Federación debe determinar si la decisión del Gobierno cumple con los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en el gasto público, como lo indica el artículo 134 de la Constitución”, agregó.

El trámite completo del juicio de amparo puede tomar más de un año, pues el Gobierno tendrá que probar y sustentar múltiples aspectos técnicos y económicos de la decisión de cancelar el NAIM y la conveniencia del sistema AISL-AICM-Aeropuerto de Toluca.

El Gobierno puede impugnar la suspensión definitiva ante un tribunal colegiado, que tomará al menos de dos a tres meses para resolver.

Guzmán retomó la sentencia dictada este lunes por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la queja 248/2019, al revocar una negativa de suspensión provisional dictada inicialmente por el juez.

“En el caso, el interés social que justifica la suspensión pasa por el eficiente y racional ejercicio de los recursos públicos, en tanto que la obra (Texcoco) implicó cuantiosos recursos públicos, precedidos de múltiples acciones de planeación, presupuestación y autorizaciones (incluso bajo el más riguroso marco legal aplicable a cuestiones plurianuales), que le habrían dotado de una presunción de legalidad, pertinencia y oportunidad”, afirmó el tribunal colegiado.

“Si la decisión es la cancelación de una obra autorizada, presupuestada y en ejecución, sobre todo de la magnitud de la que versa el presente juicio, precisamente por la cuantiosa pérdida que implica de recursos, exige por eso mismo que se trate de una motivación reforzada”, agregó el tribunal, con voto de los magistrados María Amparo Hernández y Froylán Borges.

 

Víctor Fuentes
Agencia Reforma

 

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