Una nueva iniciativa aprobada por legisladores hidalguenses pretende generar mayor certeza para quienes trabajan en escuelas, evitando que acusaciones sin sustento provoquen daños en su reputación profesional

La iniciativa de protección legal al magisterio busca garantizar certeza jurídica para docentes y personal administrativo educativo
Comisiones legislativas en el estado de Hidalgo aprobaron por unanimidad la iniciativa impulsada por la diputada Mónica Leanett Reyes Martínez, con la cual se garantizará el principio de presunción de inocencia para maestras, maestros y trabajadores administrativos de la educación mediante un marco legal que evite afectaciones a su reputación y trayectoria laboral sin pruebas fundadas en su contra.

La propuesta tiene como propósito establecer condiciones de certeza jurídica para el magisterio hidalguense y el personal de apoyo en el desarrollo de sus funciones dentro de las aulas y centros escolares de la entidad. El acuerdo alcanzado en el órgano legislativo representa un avance en la protección de los derechos de los trabajadores del sector ante señalamientos carentes de sustento legal.
Respecto al desarrollo de este dictamen, la presidenta de nueva alianza hidalgo, Juana María Márquez Parrasales, señaló que la medida respalda de manera directa el trabajo de quienes se dedican a la enseñanza de las nuevas generaciones. “Una sociedad que valora la educación debe garantizar también condiciones de respeto y certeza jurídica para quienes la ejercen, y ese principio debe estar respaldado por normas claras”, expresó la dirigente estatal.
La reforma pretende asegurar que ningún trabajador de la educación vea perjudicada su estabilidad o su historial profesional de manera arbitraria durante el curso de cualquier procedimiento administrativo o legal, estableciendo el respeto a su dignidad humana como una prioridad dentro del sistema educativo de la región.
Con la aprobación unánime del dictamen dentro de las comisiones de trabajo, el proyecto queda en posición de ser turnado al pleno del congreso local para su discusión y votación definitiva en las próximas sesiones, lo que sentará un precedente normativo para el resguardo de la integridad laboral y social de los docentes hidalguenses.

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