En Hidalgo, durante la LXII Legislatura local, que finaliza el próximo 4 de septiembre, no existió voluntad política para legalizar el matrimonio entre parejas del mismo sexo, coinciden René y Ricardo, primera pareja gay que se unirá legalmente en la entidad, así como su abogada, Yolanda Molina Reyes.

La jurista, coordinadora estatal de la Campaña Matrimonio Igualitario, considera que el Ejecutivo estatal tampoco mostró disposición política para presentar una iniciativa de reforma al respecto; además, el gobernador electo Omar Fayad Meneses no se pronunció sobre el tema durante su campaña proselitista.
Pese a este panorama, la pareja destaca que han sentado un precedente en Hidalgo, ya que a casi un año de haber presentado un amparo para impugnar los artículos 8, 11 y 143 de la Ley Familiar en la entidad, contraerán nupcias en octubre de 2016.
La jurisprudencia 43/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrió la puerta para que parejas del mismo género puedan unirse en legalmente en matrimonio.
La tesis establece que son inconstitucionales los códigos civiles de aquellas entidades del país, como Hidalgo, en los que el matrimonio es entendido como la unión entre un hombre y una mujer, y/o que considere que su finalidad es la procreación.
“Pretender vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales de quienes pueden acceder a la institución matrimonial con la procreación es discriminatorio, pues excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales”, señala la jurisprudencia.
Ricardo y René, cuyos dedos anulares portan una sortija de matrimonio, reconocen que no fue un proceso ágil ni sencillo, pero destacan que se trata de una lucha por el reconocimiento de sus derechos humanos. “Pedimos lo que cualquier persona pediría: que, independientemente de tu condición, tienes derecho al matrimonio”.
Contraer matrimonio en la Ciudad de México –donde la unión entre parejas homosexuales es legal desde 2009– hubiese sido una oportunidad al alcance de sus manos, plantean los futuros esposos; sin embargo, decidieron luchar porque el estado autorizara su enlace.
Insisten en que se trata de una cuestión de reconocimiento de derechos humanos.
“Hay parejas que quieren casarse, pero no tienen por qué acudir a la Ciudad de México, y es simplemente hacer que tus derechos sean válidos aquí”, subraya René.
Su abogada remarca que Hidalgo tiene “un problema” con la Ciudad de México en materia de derechos sexuales y reproductivos, pues al ser mínima la distancia con esa entidad las personas prefieren acudir a la capital para unirse en matrimonio. Esto implica, añade, que en el estado continúen sin legislar en la materia.
La pareja y la jurista reconocen que en el breve periodo que le resta a la gubernatura como al Congreso local no existe oportunidad de aprobarse una reforma para legalizar uniones entre personas del mismo sexo. No obstante, descartan presionar para el aval de este tipo de enlaces, ya que no se trata de un tema político, sino de igualdad de oportunidades, afirman.
“No es confrontar, nuestra lucha es desde esta trinchera: la del reconocimiento de nuestros derechos”.
La agenda sobre el reconocimiento de los derechos de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero e Intersexual (LGBTTI) “es amplia”, pues el matrimonio es sólo un eslabón, concuerdan los próximos contrayentes.
“Que en el futuro se pueda legislar no sólo respecto al matrimonio entre personas del mismo sexo, sino sobre el reconocimiento a la nueva identidad de una persona transgénero, entre muchos otros derechos.
“La agenda es muy amplia: derecho al trabajo digno para las personas de la comunidad, la no discriminación por una enfermedad terminal o de transmisión sexual, no homofobia”,
remarca René.
Respecto a la reforma presentada por el presidente Enrique Peña Nieto para reformar el artículo 4° de la Constitución mexicana y legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, Molina Reyes advierte que los congresos de los estados deberán discutirla y aprobarla, y se requerirá mayoría calificada para que sea a nivel constitucional.
“No un artículo que obligue a los estados a que en un tiempo determinado cambien sus legislaciones para permitir matrimonios entre personas del mismo sexo”, advierte la abogada.
Además, la iniciativa del Ejecutivo federal contempla una reforma a nivel del Código Civil federal, que establece al matrimonio entre personas de cualquier sexo. El inconveniente, explica, es que este cuerpo legal sólo es aplicable en embajadas, consulados y barcos nacionales (Marina y Ejército nacional).
“Entonces las parejas que quieran casarse van a tener que irse a una embajada” en tanto sus estados no legislen en la materia, afirma.
Hasta ahora únicamente permiten el matrimonio igualitario Quintana Roo, Ciudad de México, Coahuila, Morelos, Colima, Michoacán y Jalisco, así como en Chihuahua, donde no existe una reforma a la ley, pero se aprueba por orden del gobernador.