El tribunal de enjuiciamiento emitió un fallo de culpabilidad contra el acusado
Un Tribunal de Enjuiciamiento dictó fallo condenatorio contra Marco Antonio M.G., expolicía municipal de Mineral de la Reforma, por el feminicidio de Rosaura y el ataque en el que también fueron asesinados la madre y un hermano de la víctima, ocurrido el 5 de febrero de 2025 en Azoyatla.
La resolución fue emitida este 7 de julio durante una audiencia privada que se realizó en la sala dos de los juzgados penales de Pachuca, debido a la naturaleza del caso y a la participación de víctimas indirectas dentro del proceso.
Con ello, el caso entra a su etapa final, pues el próximo 9 de julio se llevará a cabo la audiencia de individualización de sanciones, en la que se determinarán los años de prisión que se le impondrán.
El fallo llega después del juicio oral que comenzó el 21 de mayo contra Marco Antonio M.G., acusado por feminicidio, homicidio doloso calificado y homicidio doloso calificado en grado de tentativa.
De acuerdo con la carpeta de investigación, antes del crimen Rosaura ya había denunciado a Marco, su expareja, por hechos relacionados con violencia familiar y privación ilegal de la libertad.
La mañana del 5 de febrero de 2025, Rosaura fue asesinada junto con su madre y uno de sus hermanos; además, su padre y otro hermano resultaron lesionados durante la agresión, en un caso que dejó a dos menores en la orfandad.
Horas después del ataque, autoridades detuvieron a Marco Antonio M.G., quien se desempeñó como elemento de Seguridad Pública de Mineral de la Reforma.
Para el 8 de febrero de 2025, la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH) obtuvo su vinculación a proceso.
El caso también derivó en señalamientos por posibles omisiones institucionales y presuntos actos de revictimización, por lo que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) inició quejas e investigaciones durante los días posteriores al crimen.

Durante el desarrollo del proceso, uno de los episodios que llamó la atención ocurrió en la audiencia intermedia, cuando el abogado defensor del imputado renunció durante la diligencia, lo que modificó nuevamente el curso judicial.
En febrero de este año, al cumplirse el primer año del feminicidio, autoridades judiciales informaron que Marco Antonio M.G. ya acumulaba sentencias por violencia familiar y privación ilegal de la libertad, mientras el proceso por feminicidio seguía pendiente.
Ahora, con el fallo condenatorio dictado este 7 de julio, el caso entra en su última fase penal, en espera de los años de la condena, la reparación del daño y demás repercusiones legales, aunque permanece vigente la discusión sobre las denuncias previas, las señales de riesgo y las decisiones institucionales tomadas antes del ataque.
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