La CEAA presentó el proyecto como una acción de saneamiento, pero organizaciones civiles cuestionan su impacto y la falta de estudios técnicos y ambientales completos

Colectivos de Tula de Allende señalaron que el colector de aguas residuales apenas trataría el 0.2% del caudal del río Tula, lo que consideran insuficiente para un saneamiento real
Diversas agrupaciones ciudadanas del municipio de Tula de Allende expresaron su oposición al proyecto de colectores de aguas residuales presentado por autoridades estatales y federales como parte de las acciones de saneamiento del río Tula y de la supuesta restauración ecológica de la región.
El colectivo Todos Somos Tula informó que, tras analizar la información técnica, administrativa y normativa expuesta por la Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado (CEAA) de Hidalgo, concluyó que el proyecto carece de un impacto real, ya que el volumen de agua que se pretende tratar representa apenas el 0.2 por ciento del caudal total del río, mientras que el escenario más amplio no superaría el 8 por ciento, lo que consideran insuficiente para lograr un saneamiento efectivo.
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La organización criticó que se atribuya la contaminación principalmente a descargas locales, cuando —aseguró— la mayor carga de aguas residuales proviene del Valle de México y su zona metropolitana. Además, señalaron que existen referencias sobre la toxicidad del agua, pero sin que se hayan presentado estudios completos, a pesar de que investigadores del Conahcyt han advertido que la mayoría de los pozos de agua potable en el municipio se encuentran contaminados.
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También denunciaron la ausencia del estudio de impacto ambiental y recordaron el reciente derrame de hidrocarburos en el río Tula, atribuido a Pemex a través del Emisor Central, como una muestra de la falta de control institucional en una de las regiones más contaminadas del país.
A estas críticas se sumó la Gran Asamblea de Damnificados Tula, integrada por representantes de más de 70 calles afectadas por las inundaciones de septiembre de 2021, quienes advirtieron que obras sin socialización ni consenso podrían generar mayores afectaciones al patrimonio y a la salud de la población.
Finalmente, ambas organizaciones llamaron a la ciudadanía a informarse, involucrarse y exigir una coordinación efectiva entre los tres órdenes de gobierno para atender de manera integral la contaminación y garantizar el derecho a un medio ambiente sano.
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