Detienen a supuesto Funcionario de Hidalgo en Durango
Circulaba por el centro de Durango en una camioneta sin placas y aseguró estar en el estado por actividades políticas
La mañana del sábado, elementos de Seguridad Pública detuvieron en el Centro Histórico de Durango a un hombre que conducía una camioneta Ford Ranger blanca, doble cabina y sin placas de circulación.
El operativo ocurrió alrededor de las 10:23 horas sobre avenida Cuauhtémoc, donde agentes de vialidad detectaron la unidad irregular.
Al ser interceptado, el conductor presentó un pasaporte estadounidense y se identificó como Arturo Gabriel “N”, quien dijo ser originario de Pachuca, Hidalgo, y estar en Durango comisionado como coordinador de campaña de José Ramón Enríquez Herrera, candidato a la presidencia municipal. Durante la revisión, afirmó realizar actividades proselitistas en la entidad.
La Fiscalía General del Estado de Durango confirmó la detención y señaló que el vehículo está registrado a nombre del Gobierno del Estado de Hidalgo. Además, se estableció que el detenido aparece en registros oficiales como funcionario activo de esa administración estatal.
Investigan al funcionario por posible delito electoral
El caso fue turnado al Ministerio Público, donde se integró una carpeta de investigación por la probable comisión de un delito electoral, además de otros posibles ilícitos relacionados con el uso indebido de bienes públicos.
Imágenes del arresto fueron difundidas en redes sociales, aunque en ellas no se observan los vidrios polarizados que los oficiales argumentaron como motivo inicial de la detención.
Hasta el momento, la Fiscalía de Durango mantiene abierta la investigación para determinar si el uso del vehículo oficial del gobierno de Hidalgo en una campaña política en otro estado constituye un delito.
El gobierno de Hidalgo no ha emitido postura oficial sobre la situación del presunto funcionario, ni se ha confirmado si contaba con autorización para operar la unidad en el contexto de actividades partidistas.
El caso ha generado reacciones en ambos estados, donde ciudadanos y actores políticos exigen que se esclarezca si el presunto funcionario utilizó recursos públicos con fines electorales, lo que podría constituir una falta administrativa o incluso un delito grave.
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