Uno de los casos más mediáticos fue el tema de los docentes con cargos públicos municipales

Las observaciones y sanciones que realizó la Contraloría de Hidalgo derivaron en polémicas que podrían continuar en 2026 | Foto: Archivo
Durante 2025, la Secretaría de Contraloría de Hidalgo prevaleció dentro de la conversación pública, no solo por las observaciones que realizó en materia de supervisión y sanción a las dependencias y organismos del gobierno estatal, sino por lo que derivó de dichos trabajos y que trajo consigo polémicas que continuarían en 2026.
Uno de los casos más mediáticos fue el tema de las llamadas “plazas dobles” de docentes que también ejercían cargos públicos, como regidores o empleados dentro de los ayuntamientos.
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Dicha situación fue revelada por el contralor de la entidad, Álvaro Bardales Ramírez, a inicios de julio, cuando el funcionario dio a conocer que se detectó que diversos trabajadores del Poder Ejecutivo tenían un puesto en las nuevas administraciones municipales, desde septiembre de 2024.
El funcionario señaló que dichos casos se presentaban, en su mayoría, en el sector educativo, aunque en ese momento no dio a conocer cifras al respecto, e indicó que podía deberse a un desconocimiento sobre la solicitud de licencia o el retraso en la petición.
Sin embargo, dos meses después, la polémica en torno a esa situación creció después de que el titular de la Contraloría de Hidalgo informó que eran cerca de 700 trabajadores de la educación los que se encontraban en dicha situación.
Además, otro punto que generó controversia por los docentes que también laboraban en los ayuntamientos sin tomar licencia del cargo educativo fue el sueldo que perciben por ambos puestos, que, según el contralor, en algunos casos, supera al sueldo del gobernador del estado.
El caso continuó de forma mediática tras la defensa de legisladores y algunos funcionarios, mientras que otros condenaron los hechos, situación por la que, a inicios de este mes, Bardales Ramírez dio a conocer que fue notificado sobre la renuncia de más de 400 profesores al cargo municipal que tenían conferido.

De acuerdo con el contralor, a finales de noviembre, los alcaldes le informaron sobre la renuncia de los trabajadores, quienes prefirieron conservar sus plazas docentes por encima de los cargos públicos, por lo que el funcionario aseguró que actualmente “ya no hay ningún trabajador que esté en el sector educativo y municipios”.
Sin embargo, mencionó que, en el caso de los docentes que fueron electos como regidores en los ayuntamientos, la situación es distinta. Lo anterior, debido a que, según la legislación actual, ejercer ambos cargos sí está permitido, por lo que se informó sobre la instalación de mesas de trabajo entre el Congreso de Hidalgo, la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) y la Contraloría estatal, para analizar cada caso de manera particular.
Otro tema que la Contraloría de Hidalgo tuvo presente este año fue la sanción a 10 empresas, las cuales fueron inhabilitadas por un periodo de cinco años. Por lo anterior, no podrán prestar servicios en Hidalgo hasta después de agosto de 2030.
Entre las firmas penalizadas se encuentra el proveedor Argel Fernando Rodríguez Hernández, a quien le fue adjudicado un contrato por 24 millones 798 mil 480 pesos para el montaje del árbol y sets navideños en la plaza Juárez, en Pachuca, durante 2023. Según declaraciones de Bardales Ramírez, no contó con las especificaciones requeridas, pese a que se instaló todo lo acordado.
Asimismo, otros proveedores y contratistas sancionados fueron Servicios Inmobiliarios Iroa SA de CV, dedicada a brindar servicios de limpieza en Ciudad de las Mujeres en 2023; Pontones & Ledesma y Trippred Technologies SA de CV, empresa que fue auditada por la Contraloría estatal por irregularidades encontradas en diferentes cotizaciones realizadas por el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo (Cobaeh).
También fueron penalizadas las firmas DGR Im Pulzo SA de CV; Consorcio Handel&Bauen Comercio y Edificación SA de CV; Comerciales Trisler SA de CV; Comercializadora Idsart SA de CV, empresa que fue beneficiada con contratos en 2022 y 2023 con la Policía Interbancaria del Estado de Hidalgo (PIBEH) y la Comisión Estatal de Vivienda (CEVI), de manera respectiva.

Finalmente, otros dos proveedores que resultaron sancionados por cinco años fueron Violeta Belén González Tapia, quien en 2023 celebró diferentes contratos con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) y José Enrique Pineda Carrasco.
En ese momento, el titular de la Contraloría de la entidad señaló que en próximos días se emitiría una nueva lista de empresas sancionadas; sin embargo, hasta la fecha, y a cuatro meses de la primera lista de este año, no se ha dado a conocer dicha información.
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