“No somos sus empleados”, dice Francisco Xavier a secretario de Gobierno
 
Hace (13) meses
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Foto: David Martínez

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El diputado local Francisco Xavier Berganza Escorza aseguró en tribuna, durante la sesión ordinaria de este martes, que existe una falta de enlace legislativo con la Secretaría de Gobierno, encabezada por Guillermo Olivares Reyna; además, afirmó, hubo “malos tratos” a congresistas en reuniones recientes.

“No somos sus empleados, señor secretario, pónganse en claro, el respeto se gana. Quieren respeto, lo van a tener, pero denlo, sean congruentes con el trato”, expresó el legislador sin partido, que inició la legislatura con Movimiento Regeneración Nacional (Morena) pero, tras contender al cargo de la gubernatura en 2022 y obtener el tercer lugar, regresó a su curul sin que fuera aceptado por la ancada guinda.

De igual forma, Berganza Escorza mencionó que a la fecha “no ha cruzado ni media palabra” con Olivares Reyna, a quien también lo exhortó a “conducirse con respeto” a todos los integrantes de la LXV Legislatura del Congreso de Hidalgo.

Además, invitó a los diputados a conformar “un bloque de contención”, pues aseguró que ha apoyado las reformas enviadas por el Ejecutivo al platicarlas directamente con el gobernador, pero han recibido “agravios serios” por parte de dicho poder.

“Hemos permitido agravios serios de parte del Ejecutivo; se le autorizó el mayor presupuesto de la historia y toleramos el incumplimiento de este, al no otorgarle a esta soberanía el monto estipulado en el ordenamiento dictado por nosotros mismos y nadie ha alzado la voz”, señaló.

Irving Cruz l Pachuca

El titular de la Secretaría de Contraloría de Hidalgo, Álvaro Martín Bardales Ramírez, publicó un oficio en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH) mediante el cual dio a conocer la cancelación del registro en el padrón de proveedores de la administración pública de la entidad a 49 empresas y personas físicas.

Derivado de este documento, las dependencias del gobierno local, así como organismos públicos autónomos y ayuntamientos deberán de abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con las firmas mencionadas por un periodo de cinco años.

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