PAN plantea “quitar registro a narcopartidos”, repartir secretarías y rediseñar cabildos en Hidalgo
PAN plantea “quitar registro a narcopartidos”, repartir secretarías y rediseñar cabildos en Hidalgo
Con una reforma electoral que mezcla el combate a la infiltración del crimen organizado, la redistribución del poder en ayuntamientos y hasta el reparto obligatorio de secretarías entre partidos aliados, el Partido Acción Nacional (PAN) presentó una de sus propuestas políticas rumbo a la elección de 2027 en Hidalgo.
La iniciativa, que será presentada este martes en el Congreso local por la diputada Claudia Lilia Luna Islas, incluye al menos diez cambios al sistema electoral estatal.
Uno de los puntos más incisivos de la propuesta es la creación de una figura para cancelar candidaturas y quitar el registro a partidos políticos que reciban financiamiento, recursos o apoyo proveniente del crimen organizado.
Incluso, durante la conferencia, dirigentes panistas, encabezados por Marcela Isidro García y Asael Hernández Cerón, hicieron referencia al caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y sostuvieron que Hidalgo debe convertirse en un ejemplo nacional para impedir que “narcopartidos” tengan participación en elecciones.
La propuesta contempla que, si mediante resoluciones judiciales se acredita participación del crimen organizado en campañas o financiamiento electoral, los partidos involucrados puedan perder el registro y las elecciones ser anuladas.
Además, el PAN propuso que cuando un candidato a gobernador, diputado o integrante de ayuntamiento sea asesinado o víctima de feminicidio durante el proceso electoral, la elección quede cancelada automáticamente y se convoque a nuevos comicios.
Según argumentaron, el objetivo es evitar que grupos criminales eliminen a perfiles competitivos para alterar resultados electorales.
Pero la propuesta panista no se limita al tema de seguridad, pues otro de los apartados más polémicos busca cambiar completamente la forma en que funcionan los ayuntamientos en Hidalgo.
El Acción Nacional plantea desaparecer en los hechos el modelo actual de planillas completas y dividir la elección municipal en dos: por un lado, presidencias municipales y sindicaturas, y por otro, las regidurías, las cuales serían votadas directamente por la ciudadanía.
Con ello, desaparecerían las regidurías de representación proporcional y se limitaría la posibilidad de que un solo partido controle la totalidad de un cabildo.
La dirigencia panista acusó que Morena impulsó reformas para concentrar poder político y eliminar contrapesos dentro de los ayuntamientos.
“Lo que Morena no quiere es que existan pesos y contrapesos”, afirmó el secretario general panista, José Luis Zúñiga.
La propuesta incluye una nueva redistribución de regidurías basada en población municipal; por ejemplo, municipios pequeños tendrían siete regidores y los más grandes, como Pachuca, llegarían a 15.
En el caso de municipios con 15 regidurías, el partido ganador únicamente podría tener un máximo de nueve espacios, mientras que las restantes quedarían en manos de fuerzas de oposición, aun cuando el partido gobernante obtenga la mayoría.
Incluso, el PAN aseguró que podría darse el escenario de tener presidentes municipales de un partido y regidores de distintos colores políticos compartiendo el mismo ayuntamiento.
Otro de los puntos que más llamó la atención fue la regulación de gobiernos de coalición.
La propuesta obligaría a que los partidos que compitan aliados compartan posteriormente el ejercicio del poder, incluyendo secretarías del gabinete estatal.
Es decir, si un partido gana la gubernatura mediante coalición, estaría obligado legalmente a repartir dependencias gubernamentales del gobierno entre las fuerzas políticas aliadas conforme al porcentaje de votos aportados por cada una.
La iniciativa incluso plantea que los convenios de coalición definan previamente qué secretarías corresponderían a cada partido.
La reforma también contempla segunda vuelta para la elección de gobernador, con el fin de que el ganador obtenga al menos el 50 por ciento más uno de los votos válidos.
De no alcanzarse esa cifra, se realizaría una nueva jornada entre las dos candidaturas más votadas.
La dirigencia panista calculó que ambas medidas costarían aproximadamente 77 millones de pesos: 20 millones para voto electrónico y 57 millones adicionales para una eventual segunda vuelta electoral.
A ello se suman nuevas acciones afirmativas para adultos mayores y migrantes, reglas de paridad obligatoria para municipios gobernados consecutivamente por hombres y candidaturas indígenas obligatorias en municipios con alta población originaria.
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