Al menos 11 expresidentes municipales y exfuncionarios de las administraciones locales que concluyeron su gestión el 4 de septiembre pasado han buscado la protección de la ley federal, algunos en más de dos ocasiones, para evitar que sea ejecutada una orden de aprehensión, captura, citación o comparecencia en su contra.
Los primeros en tramitar juicios de amparo para evitar pisar la cárcel fueron los exalcaldes de Zimapán e Ixmiquilpan, Erick Marte Rivera Villlanueva y Pascual Charrez Pedraza, respectivamente, quienes el 17 de junio pasado fueron señalados por el gobernador del estado, Omar Fayad Meneses, como parte de los 17 objetivos delincuenciales buscados por las autoridades hidalguenses.
El primero, emanado del Partido Acción Nacional (PAN), presentó el 18 de ese mes el recurso 395/2020 ante el juez cuarto de distrito, pero hasta ayer no había sido resuelto.
En tanto, Charrez Pedraza ha tramitado tres solicitudes de protección: la 390/2020 ante el Juzgado Segundo, contra los cuatro juzgados de distrito de Hidalgo, por lo que la autoridad se declaró “incompetente” debido a que no podía ser “juez y parte”; el 389/2020, ante la misma instancia, contra los jueces penales del Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral, así como el Poder Judicial con sede en Ixmiquilpan. El tercero fue el 340/2020, radicado en el Juzgado Primero de Distrito para evitar que los jueces de distrito especializados en el sistema acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal lo detengan.
Asimismo, el 2 de septiembre el exalcalde de Tlaxcoapan, Jovani Miguel León Cruz, interpuso ante el Juzgado Primero de Distrito de Hidalgo el juicio de amparo 623/2020 contra más de siete autoridades, pero fue sobreseído al no existir ordenes de aprehensión.
No obstante, el pasado 6 de noviembre presentó otro recurso (892/2020, juzgado tercero) para evitar que el juez de control del primer circuito de Pachuca lo arreste.
En su edición del 28 de octubre, Criterio publicó que el Concejo interino de Tlaxcoapan había detectado, durante el proceso de entrega-recepción, anomalías por 47.7 millones de pesos en la administración panista que encabezó León Cruz.
En esa misma región de la entidad, el 26 de agosto y el 7 de septiembre pasados, el exedil petista de Mixquiahuala Humberto Pacheco Miralrío ingresó al Juzgado Cuarto de Distrito los juicios 569 y 611/2020, respectivamente, pero ambos fueron sobreseídos al no haber autoridades en su búsqueda.
En 2018, durante su gestión, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) detectó que no fueron justificados 7 millones de pesos de la cuenta pública de 2017; no obstante, el exfuncionario señaló que la cuenta bancaria del ayuntamiento, de la que se sustrajo dicha cantidad, había sido hackeada.
En tanto, Areli Maya Monzalvo, esposa del exedil de Mineral de la Reforma vinculado a proceso por uso ilegal de atribuciones Raúl C. B., interpuso el 6 de octubre pasado la demanda de amparo 752/2020 ante el juzgado segundo de distrito contra alguna orden de aprehensión, captura o presentación, pero el recurso fue sobreseído días después.
Los exalcaldes de Huejutla Raúl Badillo Ramírez, con el amparo 760/2020; Atotonilco de Tula, Raúl López Ramírez, con el 37/2020, y Apan, María Antonieta de los Ángeles Anaya Ortega, con los 605 y 822/2020, también han presentado recursos ante diferentes distritos para evitar ser aprehendidos.
El primero, en su edición el 8 de octubre pasado, este medio informó que el presidente de Huejutla durante el periodo 2016-2020 había ocultado su patrimonio, pues, valiéndose de la ley, exceptuó mencionar su participación como accionista de la empresa Construcciones y Arrendamientos Badillo SA de CV y excluyó hacer pública la posesión de nueve vehículos y 15 propiedades inmobiliarias.
Sobre el exgobernante de Atotonilco de Tula, el 2 de septiembre pasado Criterio publicó que cuatro regidores de la anterior administración interpusieron tres denuncias contra López Ramírez y la tesorera Natalia Crisóstomo Tovar: la primera, por la falsificación de documentos oficiales y uso indebido de estos, así como fraude procesal, lo que quedó asentado con el folio 16-2020-01705.
En tanto, de la exedila de Apan, quien llegó al cargo bajo las siglas del PAN y fue desconocida por ese partido en 2018, fue acusada por el exsíndico Édgar Cruz Rico de aumentar su salario de 53 mil a 80 mil 458 pesos en 2017 sin consultarlo al Cabildo, además de que la ASEH detectó que hubo un posible subejercicio por 17.1 millones de pesos.
A EXFUNCIONARIOS SE LOS SOBRESEEN
Asimismo, el Poder Judicial sobreseyó los amparos de Pedro Celestino Pérez Flores, exsecretario municipal de Mineral de la Reforma, y Elías Daniel Corona de la Torre, exdirector de Protección Civil, quienes tramitaron los recursos tras la detención del expresidente municipal Raúl C. B., ocurrida el 28 de agosto pasado
Adela Garmez I Pachuca
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